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El Constitucional frena el plan judicial de Sánchez tras admitir el recurso del PP

El bloque conservador del tribunal prhíbe a las Cortes seguir con su trámite

Ampliar El futuro de ocho leyes navarras, en manos del Tribunal Constitucional
El futuro de ocho leyes navarras, en manos del Tribunal ConstitucionalEFE
Actualizado el 20/12/2022 a las 11:47
Por primera vez en los 42 años de vida del Tribunal Constitucional (TC), el pleno resolvió este lunes por seis votos contra cinco suspender de forma cautelar el plan judicial del Gobierno para desbloquear la renovación de la corte de garantías, pendiente desde junio. La histórica decisión impedirá la votación del jueves en el Senado de las enmiendas a la proposición de ley que impulsa el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección y la llegada de los magistrados a la corte de garantías.
Tras más de 12 horas de deliberación, con un receso vespertino de cerca de tres horas, el bloque conservador ha impuesto su mayoría y ha admitido a trámite el recurso de amparo del Partido Popular por la vulneración del derecho a la participación política de sus parlamentarios con el procedimiento legislativo empleado para esta reforma. La novedad es que el pleno ha admitido también las medidas cautelarisímas que pedía el PP en su demanda y que supone la suspensión de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legal del Gobierno. De forma previa, el órgano colegiado del TC, por seis votos a cinco también, rechazó debatir las recusaciones pedidas por el PSOE y Unidas Podemos para apartar al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez y cambiar la mayoría del pleno. Esta decisión supuso un varapalo al intento del Gobierno de aplazar la decisión de la corte de garantías sobre la admisión a trámite del recurso de amparo planteado por el PP. Las recusaciones de ambos magistrados era la baza de los dos partidos en el Gobierno para ganar tiempo y llegar a la votación del pleno del Senado del próximo jueves. El motivo alegado por socialistas y morados era que González-Trevijano y Narváez tenían un "interés directo" en que no se renovara el TC, ya que ambos tienen el mandato caducado desde junio y deberían ser sustituidos por los dos magistrados elegidos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez
RIESGOS DE LA TRAMITACIÓN
Con esta idea encima de la mesa, los cinco magistrados del bloque progresista han hecho una defensa jurídica de esta tesis en la sesión del pleno de esta tarde. Han alertado de los riesgos que se corría si no se apartaban de la tramitación del procedimiento abierto. Para ello, se han escudado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que recoge que, antes de adoptar cualquier decisión, se debe examinar la composición del tribunal para cumplir con la exigencia de apariencia de imparcialidad de sus miembros.Por su parte, el sector conservador, mayoritario con seis magistrados, ha defendido que en la actualidad hay cuatro de sus miembros que tienen el mandato caducado, además González-Trevijano y Narváez, el vicepresidente Juan Antonio Xiol (progresista) y el magistrado Santiago Martínez-Vares (conservador). De esta manera, las recusaciones también afectaría a estos dos miembros por tratarse de la misma consideración que los primeros, según ha alegado este bloque. Además, el sector conservador ha advertido que de apartarse los cuatro el pleno perdería el quórum necesario para seguir celebrándose, ya que se require un mínimo de ocho magistrados para resolver. En cualquier caso, ha ganado la tesis de que las recusaciones han sido solicitadas por dos grupos parlamentarios que carecen de legitimación en el procedimiento del recurso de amparo plateado por el PP. El motivo es que la decisión sobre las medidas cautelarísimas reclamadas por este partido para suspender la tramitación de la reforma se debe tomar inaudita parte, es decir, sin la audiencia de la parte contraria dada las circunstancias de especial urgencia del asunto impugnado. Tras ello, los magistrados se adentraron en el debate sobre las citadas medidas cautelarísimas con las que el PP pide paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas sobre la reforma de la leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que se encuentran ya en el Senado, después de ser aprobadas en el Congreso.
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