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El Gobierno rebaja de 15 a 5 años la pena máxima por el delito de sedición

La propuesta conocida este viernes plantea una modalidad agravada de desórdenes públicos

Ampliar (I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn (PDeCAT), el secretario general de Junts, Jordi Sànchez y el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad Josep Rull (JxCat)
(I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn (PDeCAT), el secretario general de Junts, Jordi Sànchez y el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad Josep Rull (JxCat)europa press
Actualizado el 11/11/2022 a las 17:12
El Gobierno ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente, e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.
El texto consigue esta rebaja tras eliminar el artículo 544 del Código Penal, que define el delito de sedición, y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó "desórdenes públicos agravados".
Así, la proposición señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
Y añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".
"En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años", precisa la propuesta. 
DESÓRDENES PÚBLICOS COMETIDOS POR "UNA MULTITUD"
Entre las principales modificaciones, se introduce una "modalidad agravada de desórdenes públicos". Para ello, el texto propone que "el delito de desórdenes públicos sea cometido por una multitud cuyas características --número, organización y finalidad-- sean idóneas para afectar gravemente el orden público, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos".
"Se configura, así, como un tipo de peligro que, aunque no exige que el orden público llegue a verse efectivamente afectado o impedido, sí requiere que se hayan dispuesto los elementos de una forma adecuada para haberlo puesto en peligro", señala la proposición.
De esta forma, el PSOE y Unidas Podemos consideran que "el bien jurídicos del orden se convierte en el centro de esta figura penal, evitando problemas de imprecisión jurídica existentes hasta ahora".
Ambas formaciones sostienen, además, que la proposición plantea a su vez una "sistematización más precisa de los agravantes del delito de desórdenes públicos" y "se mantiene una figura que sanciona la comisión de algunos de los comportamientos asociados a este delito sin que medie violencia o intimidación". 
"GRAVES PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN"
En el marco de la proposición, el PSOE y Unidas Podemos justifican su intención de suprimir la sedición y modificar el delito de desórdenes públicos al subrayar que "la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado" el delito de sedición "ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica".
Al hilo, destacan la "elevada gravedad de las penas previstas hasta la fecha" en "el marco penal en el que se mueven estos delitos en otros ordenamientos jurídicos europeos". Y hacen una comparativa con el Derecho de los países del entorno: Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Portugal .
Asimismo, ambas formaciones defienden en su propuesta que "los problemas de proporcionalidad se agudizan por la defectuosa delimitación que actualmente se hace entre la sedición y otros delitos o infracciones administrativas basados igualmente en una alteración del orden público que implique resistencia o desobediencia a la autoridad, que en algunos casos requieren además una conducta violenta o intimidatoria".
Así las cosas, hacen hincapié en que "en otros ordenamientos es difícil encontrar un delito específico que pueda identificarse con este delito de sedición del artículo 544 del Código Penal". 
RESPUESTA A "NUEVOS FENÓMENOS SOCIALES"
Por ello, a su juicio, "es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la respuesta jurídica más adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el presente y que, como es lógico, no son recogidos en toda su complejidad en una legislación de hace dos siglos".
En este sentido, el PSOE y Unidas Podemos sostienen que es necesario suprimir la figura de la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos. Según el texto, esta reforma pretende --entre otras cosas-- "dar una respuesta jurídico penal adecuada a nuevos fenómenos sociales que afectan a la figura del ejercicio de las legítimas competencias por parte de las autoridades".
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