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Plan anticrisis

El abono de las villavesas tendrá un descuento del 30% con la ayuda del Estado

También se concede un cheque de 200 euros a autónomos y desempleados

Ampliar El transporte que dependa de entidades locales, como es el caso de las villavesas, podría beneficiarse de una rebaja de un 30% del precio del abono
El transporte que dependa de entidades locales, como es el caso de las villavesas, podría beneficiarse de una rebaja de un 30% del precio del abonoJESÚS CASO
  • E. Martínez/ L. Palacios
Actualizado el 25/06/2022 a las 21:25
A solo unos días de que decayera el plan de medidas anticrisis del Gobierno para paliar los efectos de la guerra, el Consejo de Ministros se reunió este sábado de forma extraordinaria para aprobar la prórroga, que en este caso no será solo de tres meses, sino que se extenderá hasta el 31 de diciembre, según confirmó el presidente Pedro Sánchez. Seis meses más y nuevas medidas para tratar de inyectar un balón de oxígeno en unas economías que comienzan a verse seriamente impactadas por esta escalada sin fin de la inflación, que ya no puede considerarse coyuntural y que todo indica que durará por lo menos hasta final de año. Para proteger a familias, industrias y empresas de este alza de los precios, el Ejecutivo, además de mantener medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el tope al alquiler o la prohibición de hacer despidos objetivos, incorpora otras nuevas como un cheque de 200 euros para familias vulnerables, una ayuda a los abonos de transporte público, una nueva rebaja del IVA de la luz o el límite al precio máximo de la bombona de butano, entre otras.
Esta extensión del decreto tendrá un coste presupuestario superior a los 9.000 millones de euros. El presidente detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 5.500 millones son propiamente de gasto para aplicar las medidas y otros 3.600 millones son de reducción de ingresos por rebajas fiscales.
Junto con el primer decreto, el coste total para el Estado se elevará en 2022 hasta casi 15.000 millones de euros, más de un 1% del PIB de España. Todo ello para contener la subida de los precios en torno a 3,5 puntos, detalló.
Estuvo en el aire durante toda la semana de negociaciones, pero finalmente el Consejo de Ministros dio luz verde a una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales con titularidad estatal (como Renfe), además del 30% de recorte de los abonos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (autobuses y metro), que en principio incluirían los abonos mensuales de las villavesas en sus tres versiones, general (de 31,20 € pasaría a 21,8), jóvenes (de 25 a 17,5€) y familias numerosas (de 22 a 15,4€). Además podrán llegar hasta el 50% con recursos propios. La medida se aplicará del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Estas ayudas se financiarán mediante un crédito extraordinario de 221 millones de euros, señalaron desde el Ministerio de Transporte.
El Gobierno también aprobó una ayuda directa de 200 euros -100 euros menos de lo que proponía Unidas Podemos- para familias con bajos ingresos, un extra que se va a poder solicitar durante el mes de julio.
Más concretamente, la medida va dirigida a trabajadores, autónomos o desempleados que residan en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros, es decir, los hogares que cobren menos que el salario mínimo interprofesional. Se trata de un pago único de 200 euros y para recibir esa ayuda los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes fuera inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda no supere los 43.196 euros.
Se estima que beneficiará a 2,7 millones personas.
TOPE AL BUTANO
Se limita el precio máximo de la bombona de butano, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre y “contribuirá al bienestar de los más vulnerables”, explicó el presidente en su comparecencia. “Volvemos a congelar el precio de la bombona de butano como ya hicimos durante la crisis del coronavirus”, afirmó en redes sociales la vicepresidenta segunda, que indicó que esta decisión supondrá “un apoyo importante en muchas casas de nuestro país para que cocinar o abrir el agua caliente no suponga un gasto aún mayor”.
Nueva rebaja del IVA de la electricidad, del actual 10% al 5%, lo que supondrá un recorte de unos 5 euros en una factura media de 100 euros. El Ejecutivo estima que este descenso les supone una minoración de ingresos de unos 220 millones de euros cada trimestre.
Cabe recordar que hace un año, cuando el precio de la electricidad comenzó a subir y se situaba en los 85,73 euros el MWh, el Ejecutivo ya bajó este IVA del 21% al 10%. Actualmente, y pese a las medidas que se han puesto en marcha, como el tope del precio del gas, el precio por MWh supera los 200 euros.
Se mantienen además el resto de medidas relacionadas, como la ampliación del descuento del bono social, que está ayudando a casi dos millones de hogares; la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%), y la reducción del 5,11% al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad.
Asimismo, se mantiene el tope del 2% de subida para los alquileres que les toque revisión conforme al IPC durante estos meses. Esta medida del primer decreto anticrisis trataba de solucionar el problema que tenían entonces muchos inquilinos, a los que sus caseros podían exigirles, con el contrato en la mano, una subida de la renta mensual de hasta el 8%, teniendo en cuenta la tasa de inflación de estos meses.

La renta de 1,7 millones de personas subirá un 15%

Las rentas de cerca de 1,7 millones de ciudadanos vulnerables subirán un 15% desde el 1 de julio y hasta final de año gracias a dos medidas incluidas en el plan anticrisis: incrementar en un 15% la nómina a los cerca de 450.000 beneficiarios de una pensión no contributiva y mantener el aumento del Ingreso Mínimo Vital que ya está en vigor desde hace tres meses y que llega a casi medio millón de hogares, cerca de 1,2 millones de personas.
Cerca de medio millón de pensionistas recibirán “60 euros extra al mes, 360 euros más de aquí a final de año” -precisó el presidente Pedro Sánchez-, una medida que se deriva de un acuerdo alcanzado recientemente con Bildu. En la actualidad hay 445.069 personas que perciben una pensión no contributiva, de las cuales cerca de un 65% son mujeres que no han trabajado, o al menos no el tiempo suficiente para acceder a una pensión contributiva, para la que se exige un mínimo de 15 años cotizados.
De ellos, 264.737 personas cobran una pensión por un importe medio de 421 euros al mes. Con la subida del 15%, recibirán un plus de 63 euros mensuales, 442 euros en total si se suman las siete nóminas de aquí a final de año (en diciembre tienen una paga extra). Hay otras 180.332 prestaciones por incapacidad, con una cuantía media de 462 euros al mes, por lo que sus beneficiarios verán incrementados sus ingresos 70 euros al mes, 491 euros en total a final de 2022.

Un nuevo impuesto gravará a las eléctricas

Finalmente habrá un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, después de semanas de intensos debates en el seno del Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, se ha plegado a las exigencias de Unidas Podemos y, aunque no lo ha incluido en el plan anticrisis, presentará a lo largo de las “próximas semanas” una proposición no de ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 pero afectará ya a los resultados de 2022. “La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, aunque será exigible a partir de 2023”, precisaron fuentes del Ministerio de Hacienda, enmendando las palabras de Sánchez durante su rueda de prensa, en las que había afirmado que se retrasaría hasta el próximo año.
El Gobierno está estudiando los impuestos que han incorporado otros países europeos para tomar nota, en particular el de Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual del 25% a los beneficios.
Sánchez señaló que este tributo busca “garantizar un reparto justo de cargas” y “sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros estados del entorno y atiende a recomendaciones de la OCDE, la Unión Europea y el FMI”. El presidente insistió en que “quienes obtengan réditos indirectos de esta subida deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y contribuir más al sacrificio colectivo”.
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