El Ministerio del Interior tendrá que abonar a un guardia civil 8.690 euros de indemnización por las lesiones que sufrió hace cinco años al tratar de reducir en Pontevedra a un detenido en un caso de violencia familiar que fue declarado insolvente.

La reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Efe, da la razón finalmente al agente que demandó a Interior por negarle el pago de esta indemnización, ya que la Administración consideró que la pretensión del funcionario estaba fuera de plazo.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no considera que la reclamación prescriba y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina que los agentes de las fuerzas de seguridad están amparados por el principio de indemnidad, es decir si sufren daños durante el ejercicio de su cargo deben recibir su reparación de la Administración en cuyo nombre actúan si el causante directo no es localizado o resulta insolvente.

En el caso mencionado, según un comunicado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la justicia concluyó que al agente le correspondía por los daños sufridos en un acto de servicio en Pontevedra en 2016 la cantidad de 8.840 euros que debía abonar el condenado, que solo le ingresó 149,77 euros en dos pagos al declarase insolvente para afrontar el resto, los 8.690 euros que finalmente pagará al agente la Administración.