Activar Notificaciones

×

Su navegador tiene las notificaciones bloqueadas. Para obtener mas informacion sobre como desbloquear las notificaciones pulse sobre el enlace de mas abajo.

Como desbloquear las notificaciones.

Tribunal Supremo

El Supremo duda de la legalidad de la reforma exprés sobre las restricciones

Los juristas inciden en que la iniciativa promovida por Calvo tiene muchas lagunas

foto de Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.
Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.
Jonan Basterra
  • EFE. Madrid
Actualizada 07/05/2021 a las 08:39

El Tribunal Supremo tiene serias dudas de que sea legal la reforma exprés promovida por el Gobierno para endosarle la responsabilidad de decidir sobre la legalidad de las restricciones una vez acabe el estado de alarma el próximo sábado. El gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo emitió ayer el primer informe de urgencia que le reclamó el miércoles el presidente de este órgano, César Tolosa, en el que apunta que la iniciativa legislativa podría ser incluso inconstitucional, porque se dedica a regular con un simple decreto una cuestión que afecta a derechos fundamentales de los ciudanos, tales como la libertad de reunión o de movimiento.


Tolosa había reclamado un documento técnico sobre el decreto que reforma la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, que habilita al Supremo a revisar en casación -y en tiempo récord- las hipotéticas negativas de los tribunales superiores de justicia a avalar posibles restricciones dictadas por los gobiernos autonómicos tales como confinamientos perimetrales, toques de queda o topes de asistentes en reuniones, sin el paraguas ya del estado de alarma.


Y en ese primer informe de urgencia, los juristas del más alto tribunal del Estado inciden en que la iniciativa promovida por la vicepresidenta Carmen Calvo tiene muchas lagunas. En primer lugar, porque hay una “posible insuficiencia o inadecuación” del rango de la norma empleada (un simple decreto-ley) para regular una cuestión como las restricciones a la libertad de movimiento, reunión o culto, “que inciden en derechos fundamentales”.


El gabinete técnico, además, se alinea con el parecer del propio presidente de la Sala III, quien esta misma semana públicamente ha mostrado su disconformidad con la reforma que transfiere al Supremo la responsabilidad sobre las restricciones tras el estado de alarma, hasta el punto de que el propio Tolosa ha afirmado que “los jueces no estamos para gobernar” y que las normas sobre las medidas para atajar la pandemia “corresponden a los poderes públicos”.

En esa línea, el informe de los juristas del Supremo apunta a la posible inconstitucionalidad de esta reforma porque busca endosar a los jueces una responsabilidad que sería del Ejecutivo. El gabinete llega a asegurar que la reforma aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez soslaya la división de poderes, al intentar convertir a los magistrados en una “suerte” de “copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas”.


“Interrogantes”


Pero las críticas a la reforma de Calvo van todavía más allá. Aseguran sin ambages que el decreto adolece de otros importantes “problemas prácticos” e “interrogantes”. Los jueces se quejan de que el Gobierno, obsesionado por forzar al Supremo a fallar sobre las restricciones en menos de dos semanas, ha dejado sin embargo muchos flecos técnicos sin resolver. “El problema es que la norma, tan preocupada por establecer unos plazos procesales perentorios para este peculiar cauce procedimental, no fija un plazo específico ni para interponer ni para resolver ese posible recurso de reposición, que, se insiste, no excluye”, a pesar de que suprimir ese trámite era una de las principales bazas que pretendía Moncloa para acelerar el proceso.


Hay críticas también a que la reforma obligue a las partes a formular recursos sin poderlos “preparar” y sobre todo, a la potestad que se pretende arrogar el Gobierno central de intervenir en el proceso sin haberlo hecho antes cuando se trate de decisiones tomadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.


El gabinete se ve en la obligación de recordar al Ejecutivo que una “intervención sobrevenida del abogado del Estado en el procedimiento” iría en contra del principio general del derecho de que en casación -que es una revisión de lo ya sentenciado- no puede haber actores nuevos ni mucho menos “introducir cuestiones nuevas”.


Al margen del informe técnico de ayer, la reforma de la legislación del contencioso para involucrar al Supremo en las restricciones ha sentado muy mal en la inmensa mayoría de los magistrados del TS. Han desmentido que la reforma fuera consultada con el Supremo, como aseguró Calvo el martes. Es más, tanto el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, como el propio Tolosa se enteraron por la prensa el mismo martes del proyecto de Moncloa.

Las autonomías no se arriesgan a sufrir un revés judicial


A dos días del fin del estado de alarma, la inmensa mayoría de las autonomías ya ha decidido no arriesgarse a llevarse un revolcón en los tribunales por mantener a partir del domingo una de las medidas de recorte de derechos fundamentales más dolorosa: el confinamiento perimetral de grandes zonas. No obstante, son varios los Gobiernos regionales que todavía apuestan por mantener los toques de queda, sobre todo después de que ayer una dividida justicia balear avanzase que está dispuesta a avalar las limitaciones nocturnas de movilidad.


Aunque el Gobierno ha seguido alentando durante las últimas semanas a las autonomías a atreverse a mantener todas las restricciones actuales y acordarlas en el Consejo Interterritorial para convertirlas en “de obligado cumplimiento”, la práctica totalidad de los servicios jurídicos ha rechazado de plano usar este ardid para intentar seguir impidiendo a la población moverse libremente por el territorio nacional.


De hecho, más allá del debate sobre mantener el toque de queda, en las últimas horas casi todas las autonomías se han resignado ya a usar solo los instrumentos de la legislación ordinaria; particularmente, la limitación de horarios comerciales, fijación de aforos y, como máximo, establecer topes de personas en las reuniones sociales, la única concesión que, además del toque de queda, según coinciden diversas fuentes de los tribunales superiores, podrían estar dispuestos a respaldar los jueces.


La situación ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. A mediados de abril, varias comunidades, como el País Vasco, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña, llegaron a explorar las posibilidades jurídicas de mantener intactos los actuales recortes de derechos fundamentales, sobre todo espoleados por la vicepresidenta Carmen Calvo, que llegó a defender que los acuerdos del Consejo Interterritorial podían servir de sucedáneo al estado de alarma. Pero la decisión del Gobierno de endosar al Supremo la responsabilidad de avalar esos recortes de libertades y la aprobación del decreto que obliga al alto tribunal a hacer público su fallo en menos de dos semanas ha congelado definitivamente los ánimos restrictivos de las comunidades, que ya se habían enfriado mucho con la avalancha de constitucionalistas que avisaron que la interpretación de Calvo no era, ni mucho menos, unánime.


Comentarios
Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

volver arriba
Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE