La orden ministerial que anunció la creación de un comité político para vigilar el flujo de la desinformación ha provocado una importante marejada. Los juristas consultados advierten de la necesidad de que este tipo de iniciativas tengan una mayor transparencia y abogan por permanecer atentos si se acaba desarrollando un proyecto de ley 'ad hoc'. Esto es, una norma que obligue a los medios a emitir "verdades oficiales" a partir de las conclusiones que establezca este nuevo órgano dirigido desde Moncloa.

Sobre la orden publicada este jueves en el BOE, todos coinciden en señalar que se trata de un compendio de directrices para reconocer, identificar, evaluar y explicar las amenazas de las llamadas 'fake news'. Se trata, en suma, de regular los órganos, las atribuciones y los niveles de actuación, pero "no detalla nada" sobre la ejecución de estas acciones, señala un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prefiere mantener el anonimato.

"De momento hay mucho ruido y pocas nueces. No tiene nada sustantivo, es una mera organización ministerial. A día de hoy solo los jueces pueden eliminar contenidos de internet, y mientras no cambien las leyes seguirá siendo así", comenta el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en derechos digitales.

Esta orden como tal, añade Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, no restringe derechos fundamentales ni habilita a hacerlo, ya que se trata de un procedimiento genérico. "Si fuese un proyecto de ley, al menos, ya sabríamos qué medidas se tomarían, pero el problema es que no tenemos ni la más remota idea de qué quiere hacer el Gobierno con esta orden", apunta.

Este magistrado hasta 2019 propone una mayor transparencia y la presencia de órganos independientes de la sociedad civil en el comité "para que puedan estar vigilante". "Si se hacen las cosas bien no nos deberíamos de preocupar, pero existen motivos para sospechar", resume.

Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network, la red de verificadores internacional, ha advertido que la lucha contra la desinformación "no debe avanzar sobre las libertades individuales". "No hay datos que relacionan la existencia de leyes y comisiones con una bajada de los contenidos desinformativos", advierte. Y es que la asociación tiene una base de datos sobre las medidas adoptadas en cerca de 60 países y lo que se ve es que los planes de los gobiernos "terminan en censura, prisiones, cortes de internet y creación de entidades que hacen fact-checking partidario", afirma en declaraciones a 'Newtral'.

EL PSOE SE OPUSO EN 2018

En 2018, precisamente, el Pleno del Congreso ya rechazó una proposición no de ley del PP que reclamaba al Gobierno medidas para reforzar el control de las "noticias falsas". La iniciativa contó con el voto en contra del PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas, y el apoyo solo de Ciudadanos.

El texto reclamaba introducir en las capacidades de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia "sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta" frente a las 'fake news'. Asimismo, instaba al Gobierno socialista a impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por la red, así como su "sellado" como "potencial noticia falsa ante el ciudadano", medidas de contención que serían desarrolladas por instituciones especializadas.

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor alertó entonces de que la iniciativa se desliza peligrosamente por un "campo minado" que se acerca a la censura y al recorte de las libertades. Mucho más duro, el diputado de Podemos Rafael Mayoral denunció que lo que planteaba el PP es una "ley mordaza 2.0" y la creación de un "ministerio de la verdad". Una calificación, curiosamente, que este jueves repitieron desde VOX para criticar la orden ministerial del Gobierno.