Los Gobiernos de Javier Lambán y Quim Torra queman sus últimos cartuchos en Zaragoza y el área metropolitana de Barcelona. Las instituciones aragonesas y catalanas, tras haber combatido con éxito los brotes en las comarcas agrícolas de Huesca y Lleida, son conscientes de que la lucha contra el virus en las grandes ciudades es mucho más difícil y que cada vez su margen de maniobra es más estrecho.

Saben que el tiempo corre en su contra, hasta el punto de que si en los próximos días no logran atajar las transmisión del virus en las dos capitales solo un confinamiento domiciliario masivo en las urbes, algo que solo es posible con estados de alarma parciales, podría frenar la expansión del medio centenar de rebrotes activos de coronavirus en esas zonas, que acumulan más del 50% de los casos diarios de todo el país.

Según Sanidad, Cataluña sigue en una situación "muy delicada", aunque el número de positivos de Covid-19 reportados bajó ayer por quinto día consecutivo y se contabilizaron 590 contagios en las últimas 24 horas. Es la mitad que los comunicados hace una semana, gracias principalmente al control de los rebrotes tras el confinamiento perimetral de la comarca ilerdense del Segrià.

Y es que, a diferencia de Lleida, la población en el área metropolitana de Barcelona en muchos casos está ignorando por completo las peticiones de la Generalitat de quedarse en casa a pesar de que la conurbación de la capital catalana esta azotada por no menos de 30 rebrotes y pese a que la transmisión, sobre todo en el sur de la corona metropolitana, la propagación ya es comunitaria.

En el Govern y en el departamento de Salud que dirige Alba Vergès son cada vez más los que admiten que, sin la colaboración voluntaria de la población para un autoconfinamiento, la munición de la administración catalana para frenar la actual escalada de rebrotes en Barcelona está casi agotada si no se recurre a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez "medidas extraordinarias" (eufemismo para referirse a reclamar un estado de alarma parcial, unas palabras que todavía pocos en el Govern de Torra se atreven a pronunciar).

Así las cosas, el Ayuntamiento que preside Ada Colau y los consistorios de la conurbación emplearon este martes una de sus últimas balas al limitar un 15% el aforo de las diez playas del área metropolitana, que pasaron de 38.000 a 32.000 personas de capacidad.

Por su parte, la Generalitat también movió una de sus últimas fichas. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia de la Generalitat volvió a suspender los vis a vis en las cárceles catalanas para evitar nuevos contagios de coronavirus.

A pesar de estas medidas, el nuevo secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep María Argimon, aseguró que la voluntad de la administración catalana no es la de "prohibir siempre" y dijo que esperaba no tener que poner en marcha más limitaciones ya que, en su opinión, los brotes tienden a estabilizarse. Virus en hospitales Entre tanto, Zaragoza y su área de influencia acumulan cerca de un millar de contagios en diez días. La situación en Aragón preocupa mucho en Sanidad, que a principios de julio creía estar muy cerca de tener controlados los focos provocados por los temporeros en las comarcas limítrofes con Lleida. Lejos de ese escenario optimista que dibujó por entonces Fernando Simón, la implantación de la fase 2 flexibilizada en amplias zonas de la región no ha evitado que las agrupaciones infectivas hayan acabado llegando a grandes núcleos, como Zaragoza, incluso colándose en centros médicos, como el brote en el hospital infantil de la capital maña con una docena de infectados.

Sin fuerza coercitiva, sin un estado de alarma para forzar a la población a quedarse en casa, a las autoridades solo les queda pedir responsabilidad y medidas parciales. Así, ayer el Gobierno de Aragón limitó los paseos al interior de las residencias de mayores y cerró los hogares de ancianos de las zonas que volvieron a la fase 2.