El inicio de la desescalada preocupa especialmente al Ministerio de Sanidad por la posibilidad de que el relajamiento de las medidas de confinamiento pueda provocar un rebrote descontrolado del virus que obligue a dar marcha atrás. Por ello, el ministro Salvador Illa sondeó el lunes pasado en la reunión interterritorial del ramo la opinión de los consejeros de Salud de las comunidades autónomas respecto a la propuesta de hacer obligatorio el uso de mascarillas fuera de los domicilios particulares, como sucede desde el 4 de mayo en el caso de los transportes públicos. Un paso más allá en la variación de las recomendaciones del Ejecutivo desde el inicio de la pandemia respecto a estos equipos de protección, que en solo dos meses han pasado de ser “innecesarios” excepto para los trabajadores sanitarios a “altamente recomendables” para todos.

Sin embargo, la postura de obligar a los ciudadanos a usar mascarillas en la vía pública no cuenta con el beneplácito total de los expertos que asesoran al Gobierno. “Entiendo que se ponga sobre la mesa, pero en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes”, explicó ayer en su rueda de prensa diaria Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, al ser preguntado por dicha cuestión.

El epidemiólogo, que declinó pronunciarse sobre su postura personal, opina que es “una buena medida de prevención”, aunque defiende que “la mejor mascarilla son los dos metros de distancia”. “Creo que el uso de mascarillas debe ser altamente recomendable y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas en un espacio en el que no puede mantener las distancias es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar”, insistió.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

Algunas autonomías tampoco ven necesario que se llegue a estos extremos; sin embargo, otras, como la Comunidad de Madrid o País Vasco, ven con buenos ojos aumentar las restricciones en los espacios cerrados o, incluso, proponen aplicar otras adicionales como tomar la temperatura aleatoriamente a los viandantes.

Desde el Gobierno siempre han sostenido que tienen “más dudas que certezas”, una frase que se puede materializar en esta cuestión. Al principio de la crisis sanitaria, el uso de las mascarillas solo se recomendaba por parte del Ejecutivo a los profesionales sanitarios o personas que tuvieran contacto con enfermos.

Más adelante, a finales de marzo, se amplió a ciudadanos con patologías previas o pertenecientes a colectivos de riesgo. Entonces había un desabastecimiento total de este producto en farmacias y las administraciones debían recurrir al mercado internacional para conseguirlas, recibiendo un material inadecuado en muchos casos. Las autoridades llegaron a decir que eran “innecesarias” para el resto de la población porque creaban una sensación de falsa seguridad. Y finalmente se hizo obligatorio su utilización, por orden ministerial, para viajar en los transportes públicos desde el 4 de mayo.

LA OMS MANTIENE SU POSTURA

Por el contrario, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de mascarillas no han variado durante la pandemia. El organismo internacional especifica que las personas sanas solo deberían ponérselas cuando “atiendan a alguien en quien se sospeche la infección” o cuando “se tiene tos o estornudos”. También recuerdan que estas “solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con solución hidroalcohólica o jabón”.