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DESESCALADA

El País Vasco prohíbe las reuniones de diez personas

Los juristas cuestionan que puedan limitarse esos encuentros porque se limita un derecho que ya está autorizado

Una dependienta atiende a un cliente en un comercio de San Sebastián.
Una dependienta atiende a un cliente en un comercio de San Sebastián.
EFE
  • Luis López
Actualizada 12/05/2020 a las 08:11

La desescalada va a tener una gestión delicada en el País Vasco porque las administraciones deben abrir la mano manteniendo la tensión. Conceder espacios de libertad a la gente sin que la situación se desmadre. Y no saben muy bien como hacerlo. Ayer se visualizó claramente en Euskadi. El PNV y el Gobierno vasco habían presionado mucho en Madrid -en un momento en el que son determinantes- para gestionar la desescalada con criterios locales, después de criticar muy duramente al Ejecutivo central por sus bandazos e improvisación a lo largo de las últimas semanas. Pero no ha tenido que pasar mucho tiempo para que esas indefiniciones y cambios de criterio pasasen a tener sello también local. Ayer por la mañana, cuando ya se había entrado en la fase 1, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, dio por revocado uno de los derechos supuestamente recién adquiridos: dijo que no estaban permitidas las reuniones de hasta diez personas en domicilios particulares. Ni siquiera en la vía pública. Una limitación que cuestionan muchos juristas por carecer del amparo legal necesario. Es decir, que no se puede limitar un derecho fundamental de ese modo.


En cualquier caso, esa decisión supuso endurecer aún más una escenario que ya se anunciaba con más restricciones que en el conjunto de España. La fase 0,5, denominó la oposición. Ya el sábado, cuando se determinó que Euskadi estaba en condiciones de pasar a la fase 1, las autoridades vascas establecieron más cortapisas que en el resto del país. La principal, limitar la movilidad al municipio, y no a la provincia.


Algunos vieron en esas prevenciones un argumento para defender que el País Vasco no estaba en condiciones de pasar de fase, de relajar tanto el confinamiento. Que no estaba tan bien desde el punto de vista de la contención de la pandemia como queríamos aparentar. Pero no es eso. El domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que no había inconveniente alguno para que Euskadi entrase en el nuevo escenario. Ayer, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apuntaló la idea: “El País Vasco está perfectamente habilitado para pasar a la fase 1 de la desescalada a pesar de que el Gobierno vasco haya decidido no relajar algunas de las medidas”.


¿Por qué entonces tantas cortapisas? Lo que ocurre es que al Gobierno de Urkullu le ha entrado cierto vértigo. No vaya a ser que a una victoria política -posibilidad de convocar elecciones y compartir la gestión de la desescalada- le siga un rebrote de la epidemia que pueda ser fatal. Hay mucho en juego. Se nota no sólo en las restricciones atropelladas, de última hora, de la consejera de Seguridad, sino también en las declaraciones del propio lehendakari. Ayer, durante una visita al hospital de Cruces en la que fue recibido con abucheos, Iñigo Urkullu pidió “máxima prudencia y rigor” para “no cometer errores que desmonten el esfuerzo realizado y el camino recorrido”. Con el ansia por socializar que existe en la sociedad vasca, quizás no fuese muy lógico autorizar reuniones de hasta diez personas en domicilios particulares, aunque se exigiese una distancia de seguridad de dos metros entre cada asistente. Claro, a la dificultad de controlar que se observan esas exigencias se une la imposibilidad de cumplirlas en unos pisos que, por dimensiones, no dan para tanto.


Son estas cosas, que en ocasiones desafían a la lógica, las que hacen desconfiar a la gente sobre los criterios que están siguiendo las administraciones. Como también el hecho de que se mantengan las franjas horarias para dar un paseo o hacer deporte, pero sin embargo no haya restricciones temporales para ir a una terraza a tomar algo. Con el riesgo de que se produzcan las masificaciones que, tras una mañana tranquila, se llegaron a ver en ciertas zonas.

Sanitarios de Cruces abuchean a Urkullu


Una veintena de trabajadores del hospital de Cruces no dudó ayer en demostrar su malestar al lehendakari Iñigo Urkullu por la gestión de la crisis y la situación de la plantilla de la sanidad pública vasca. Aprovechando una visita programada al centro baracaldés en compañía de la consejera de Salud, Nekane Murga, y del director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, los sindicatos cargaron contra el Gobierno vasco. Urkullu fue recibido con abucheos y gritos de “¡fuera, fuera!” cuando se disponía a acceder a una las zonas del hospital que al inicio de la alerta tuvieron que ser reconvertidas para atender a pacientes Covid.


La protesta fue promovida por ESK, ELA, CCOO, UGT y LAB. El objetivo, denunciar la “pésima y propagandística gestión” del Ejecutivo autónomo. Los profesionales sanitarios, que han batallado en primera línea frente al virus y se han dejado la piel -metiendo horas extras o renunciando a vacaciones, entre otros sacrificios-, han sufrido la falta de materiales adecuados de protección como la escasez de equipos de protección individual o mascarillas defectuosas en varias ocasiones.


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