Pedro Sánchez espera que la Abogacía del Estado entregue este lunes 30 de diciembre al Supremo sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Junqueras. Si fuera así, y Esquerra ve en ese informe el gesto que reclama para llegar a un acuerdo con el PSOE, se podría abrir el debate de investidura el 2 de enero y culminarlo tres días después con la reelección del líder socialista asegurada.

Además de las cábalas sobre el calendario, la Moncloa apeló este viernes a toda su artillería política para asegurarse el respaldo de los republicanos a la investidura de Sánchez. Anunció la congelación de las pensiones y el salario mínimo hasta que haya nuevo Gobierno a pesar de que la actualización de las prestaciones con arreglo a la evolución del IPC era una de las medidas estrellas del programa electoral del PSOE y Sánchez lo prometió durante la campaña para las elecciones del 10 de noviembre. Fue una decisión política envuelta en papel de razones técnicas (la imposibilidad de autorizar esas subidas por un Gobierno en funciones, arguyó la ministra portavoz) para estrechar el cerco sobre Esquerra y vencer sus últimas resistencias para llegar a un acuerdo.

La subida de las pensiones y el incremento del salario mínimo a mil euros mensuales son dos argumentos para nada baladíes en el partido que lidera Oriol Junqueras, que presume tanto de su vertiente social de izquierda como de la soberanista. Ambas reivindicaciones entran ahora en la nevera hasta la formación del nuevo Ejecutivo, un paso que requiere sí o sí su 'placet' a la investidura de Sánchez.

La Moncloa puso esta nueva pieza en el tablero de la negociación con Esquerra antes de que un nuevo actor entrara hoy en escena con consecuencias impredecibles. La Junta Electoral Central anunció que se reunirá el próximo jueves. Nada excepcional si no fuera porque tiene en su orden del día los escritos de PP y Ciudadanos para que no se permita a Junqueras salir de la cárcel para recibir el acta de eurodiputado y para hacer efectiva la inhabilitación por desobediencia de Quim Torra. El presidente catalán fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al negarse durante la campaña electoral a retirar de los edificios de la Generalitat lazos amarillos y pancartas de solidaridad con los presos. PP y Ciudadanos reclaman que la inhabilitación sea efectiva sin esperar a que se resuelvan los recursos interpuestos por Torra. Todo eso se sustanciaría, en teoría, en pleno debate de investidura, y Esquerra, aunque tuviera un pacto con el PSOE, tendría difícil apoyar a Sánchez en caso de que la Junta diera la razón a PP y Ciudadanos.

OPTIMISMOo

No por ello decayó el optimismo de la portavoz, que dejó caer tras la reunión del Consejo de Ministros que en el Gobierno esperan que "el lunes", tras una semana de espera, se conozca el informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia de la corte europea de Luxemburgo que reconoce la inmunidad de Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado electo. Esquerra reclama que ese informe refleje el cambio de rumbo del Gobierno, y aunque solicitan hasta la anulación de la sentencia a 13 años de prisión de su líder, se conformaría con que la Abogacía respalde que sea excarcelado para que recoja su acreditación en Bruselas, reconocen en la formación republicana.

El Gobierno no espera grandes reparos de Esquerra al dictamen de la Abogacía. Si es así "daría tiempo físico" para llevar a cabo la investidura "cuanto antes", explicó la ministra portavoz. En el lenguaje monclovita, cuando antes es empezar el debate el 2 de enero y concluirlo el 5. La pregunta que queda en el aire es por qué los servicios jurídicos de la Administración, que dependen del Ministerio de Justicia, pueden tener listo su informe el próximo lunes y no hace una semana. Celaá lo explicó como pudo. Señaló que la sentencia del tribunal de la Unión Europea fue "novedosa" y "cambió la doctrina" vigente, según la cual cada estado determinaba las requisitos exigibles pare ser eurodiputado. La respuesta a ese giro, explicó, requiere "un estudio profundo". La diferencia entre la reacción de la Fiscalía, que entregó en cuestión de horas sus alegaciones, y la de la Abogacía obedece, según la portavoz, a que sustentaron posiciones distintas durante el juicio a los líderes del 'procés'. Recordó que los servicios jurídicos apoyaron en junio que se permitiera a Junqueras recoger su acreditación como europarlamentario, y el Ministerio Público se opuso; la Abogacía también tipificó los delitos cometidos como sedición, y la Fiscalía se inclinó por la rebelión.