Cataluña se ha blindado para recibir la sentencia del 'procés'. El Ministerio del Interior y los Mossos d'Esquadra acabaron este domingo de movilizar a cerca de 3.000 antidisturbios de los tres cuerpos -Policía Nacional, Guardia Civil y policía autonómica- para garantizar la seguridad ante una protesta que el independentismo, consciente ya de que el fallo es condenatorio, quiere que sea la mayor demostración de fuerza de la historia reciente de Cataluña, por encima incluso de las multitudinarias 'diadas' de los últimos años.

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El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska va a aportar unos 2.000 efectivos. El refuerzo supone la tercera parte de la denominada 'operación Copérnico-Avispa' contra el referéndum ilegal -como se bautizó a la ordenada por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar el 1-O en 2017-. No obstante, la situación ahora es totalmente diferente a la de hace dos años. Los funcionarios de la policía y la Guardia Civil no van a actuar en colegios y, además, esta vez la colaboración y cooperación con los Mossos, a priori, está garantizada, a pesar de los últimos encontronazos a cuenta de los discursos incendiarios del máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña, el general Pedro Garrido, contra el independentismo esta semana. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ya envió el viernes una carta a todos sus agentes en las que aseguró que la policía de la Generalitat "garantizará el orden público y los derechos de todas las personas", y que cumplirá, en todo momento, "las órdenes" que "puedan dar jueces y fiscales".

Todo está listo y aparentemente no debería haber ningún malentendido de los que abundaron el 1 de octubre de 2017. Un Centro de Coordinación (Cecor) de los tres cuerpos centralizará el despliegue. Según lo pactado, los Mossos, como policía integral en Cataluña, serán la primera línea en caso de desórdenes. El cuerpo catalán, que ha suspendido todas las libranzas, tiene listos a 900 antidisturbios de sus unidades de orden público: Brimo (Area de Brigada Mòbil) y Arro (Arees Regionals de Recursos Operatius).

EL DESPLIEGUE

Los agentes de Interior solo actuarían en situaciones de orden público si los funcionarios de la Generalitat se vieran sobrepasados y solicitaran ayuda. Policía Nacional y Guardia Civil se han repartido la protección de las distintas infraestructuras críticas en función de las competencias que tenían antes del despliegue de la policía autonómica.

En principio, el más de millar de miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) llegados de Castellón, Sevilla, Bilbao, Granada, Valencia o Madrid se harán cargo de la protección de instalaciones de grandes núcleos poblaciones, como pueden ser el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona o las estaciones de ferrocarril de Sants y la línea del AVE.

Los más de 800 funcionarios de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil trasladados a Cataluña desde las unidades de Pontevedra, León, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia se están desplegando, entre otros lugares, en el puerto y estación de AVE de Tarragona o en las centrales nucleares de Ascó y Vandellós.

Los análisis de los servicios de información, tanto de Mossos como de Interior, apuntan, por el momento, a una movilización masiva pero pacífica. No obstante, ninguno de los tres cuerpos de seguridad involucrados descarta disturbios.

BLOQUEAR EL PAÍS

El independentismo fía su respuesta a la sentencia a varias iniciativas. La primera es una gran movilización ciudadana para tratar de "bloquear el país de punta a punta" con las denominadas Marchas por la Libertad. Según los planes de los CDR, los secesionistas aspiran a movilizar a cientos de miles de personas de manera inmediata solo instantes después de que se conozca el fallo del tribunal que preside Manuel Marchena. El "colapso" de la comunidad autónoma deberá durar, al menos, tres días, el tiempo que deberían tardar en confluir en Barcelona las cinco grandes columnas que partirán de forma simultánea desde Gerona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona.

Otro de los puntos clave de la respuesta a la sentencia del Supremo debería ser una movilización estudiantil inmediata tras darse a conocer la resolución. La plataforma Tsunami Democràtic ha convocado protestas contra el fallo en los trece campus universitarios de Cataluña. "Vaciemos las aulas para llenar las calles el día de la sentencia" es el llamamiento distribuido en las últimas horas.

Promovida por algunos de los más conocidos líderes de diferentes CDR de la provincia de Barcelona, esta plataforma mantiene en secreto aún la mayoría de sus acciones sorpresa. Tsunami Democràtic, cuyo nacimiento tuvo lugar a finales del pasado agosto, aspira, además de a atraerse a sectores catalanistas no tan radicales, acabar con los episodios de descoordinación de los diferentes comités con el fin de lograr una respuesta "unitaria y masiva" tras el fallo.

270 CDR COMARCALES

Según los servicios de Información del Ministerio de Interior, Tsunami Democràtic, que ya está liderando de facto la llamada a la desobediencia civil que hicieron la víspera del 1-O diferentes colectivos sociales secesionistas catalanes, no oculta que su objetivo es "organizar la respuesta" a la esperada condena a cárcel de los líderes independentistas para que "genere una situación de crisis generalizada al Estado español, que se prolongará en el tiempo".

También los responsables de los 270 CDR comarcales apuestan, según fuentes policiales, por una respuesta que dure no solo dias, sino incluso semanas -en concreto, señalan que será "sostenida en el tiempo"- con acciones y ocupaciones de espacios públicos durante varios días. Sin embargo, tras la 'operación Judas' de la Guardia Civil del pasado 23 de septiembre contra siete miembros de los CDR detenidos y acusados de terroristas, los comités mantienen, por el momento, un perfil muy bajo y sus comunicaciones son por ahora muy escasas.