Pedro Sánchez recibió el viernes el primer aviso efectivo de que la gobernabilidad pende de un hilo. Salvo el PNV, ninguno de los grupos parlamentarios que le ayudaron a derribar a Mariano Rajoy hace casi dos meses con el apoyo a la moción de censura aprobaron la senda de estabilidad presupuestaria con la que el Ejecutivo debe elaborar su principal proyecto legislativo: las cuentas del Estado para 2019.

Los objetivos de deuda y déficit que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ante el Congreso recibieron solo 88 votos a favor frente a 173 en contra -los que suman PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Bildu- y 86 abstenciones, que incluyen a los diputados de Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y Compromís.

El varapalo, según admiten fuentes del grupo parlamentario socialista, cogió al Gobierno por sorpresa. A pesar de que a lo largo de la semana la formación de Pablo Iglesias había venido avisando de sus dudas, creían que finalmente tanto ellos como los partidos secesionistas acabarían dándoles el 'sí' y poniendo sobre Ciudadanos y el PP -fundamentalmente, sobre estos últimos, que con su mayoría absoluta en el Senado podían tumbar por sí solos la hoja de ruta gubernamental- la responsabilidad de impedir que el conjunto de las administraciones (el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos) puedan disponer de cinco décimas más de déficit el año que viene, en torno a 6.000 millones de euros. "Ellos tendrán que explicarlo", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

La ministra Montero les dedicó desde la tribuna durísimos reproches. "Su abstención es un 'no' -les dijo-. Ponerse de perfil no es lo que esperan los ciudadanos de la mayoría progresista de esta Cámara; tenemos que ser capaces de consensuar mejoras en la sanidad, en la educación, en la dependencia".

DIÁLOGO

Tanto Podemos como el PDeCAT y ERC matizaron que su voto en el pleno del viernes no implica que vayan a forzar la convocatoria inmediata de elecciones. De hecho, en una señal de que no dan por roto el diálogo, aprobaron la designación de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE en la que fue la otra votación importante de la jornada. Lo que unos y otros reprocharon al Ejecutivo es que no se molestara en negociar nada y asumiera que podría contar con su apoyo gratis. "Recuerden que no están ustedes en condición de servirnos lentejas", advirtió el representante podemista, Guijarro García.

Ahora estas tres fuerzas esperarán a que la ministra mande unos nuevos objetivos de déficit en un mes, tal y como dicta la ley de estabilidad presupuestaria. Pero Montero ya advirtió de que enviará exactamente las mismas cifras ya aceptadas por Bruselas. Si de nuevo son rechazadas, elaborará los Presupuestos ateniéndose a la senda de estabilidad vigente para el año próximo (un 1,3% de déficit en lugar del 1,8% que ella planteaba). Quienes salen perdiendo son fundamentalmente las autonomías y la Seguridad Social porque el Ejecutivo se había reservado para sus cuentas sólo una décima de las cinco negociadas con la Comisión Europea (unos 1.200 milones de euros).

Podemos y los secesionistas acusan al Ejecutivo de no poner nada de su parte. "Hemos tenido la sensación de que no quería que se aprobaran los objetivos de déficit público", se quejó Rafael Mayoral. "Si considera que en algún momento pueden prosperar, de entrada lo que ha de modificarse es la ley de estabilidad presupuestaria para impedir el veto del PP", exigió. Sobre este asunto se pronunció el miércoles la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien aseguró que se buscaría la fórmula para sortear la censura del Senado y que, como ocurre con la mayoría de leyes e iniciativas, también en la senda presupuestaria prevalezca la decisión del Congreso.

Montero, sin embargo, dejó claro que no tiene ninguna intención de modificar la norma impulsada por el Gobierno del PP en 2012. Hacerlo le pondría en una situación complicada porque le obligaría a abrir la mano en la negociación con sus eventuales socios que, en el caso de Podemos, aspiran a elevar el gasto en nada menos que 15.000 millones de euros, y en el de los secesionistas, a conseguir más déficit para Cataluña. Con la ley tal y como está, en cambio, puede atribuir a los populares las estrecheces del "corsé".