El expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros acusados por la consulta soberanista del 9N de 2014 han dado hoy por hecho que no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.

En declaraciones a RAC 1, Mas ha explicado que los nueve señalados por el 9N por el Tribunal de Cuentas no pueden "hacer frente a estas cantidades".

No obstante, ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.

Mas ha animado a quienes participaron en el 9N a "ayudar un poco" con una aportación a la "caja de solidaridad" promovida por las entidades soberanistas para afrontar este tipo de pagos.

Por su parte, el exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado un "despropósito" el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas porque "es directamente ilegal, de una irregularidad absoluta".

Homs ha recalcado que "una cosa que fue juzgada no puede volver a juzgarse", por lo que, a su juicio, hay motivos "para poder actuar contra quienes están actuando de esta manera contra el Estado de derecho".

La exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha señalado que este proceso es un "escarmiento" para intentar disuadir a los impulsores de un referéndum el 1 de octubre, mientras que la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha denunciado la "indefensión absoluta" que siente ante el Tribunal de Cuentas.