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Tribunal de Cuentas

Imponen una fianza de 5,25 millones a Mas y a tres de sus consejeros por el 9N

El expresidente de la Generalitat responderá de forma solidaria si el resto de denunciados no consignan sus respectivas fianzas

Artur Mas, en el Parlament.

Artur Mas, en el Parlament.

EFE
Actualizada 25/09/2017 a las 14:12
  • EUROPA PRESS. MADRID

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.


El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes a los representantes legales del expresidente de la Generalitat y su exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.


Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC.


El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total a la que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.


Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3 millones de euros, a Homs hasta 2,1 millones de euro y 800.000 euros para Ortega, han precisado las mismas fuentes. Si bien, estas cifras son provisionales, ya que los denunciados están presentado alegaciones tras conocer estas cuantías.

NO ACUDEN A LA CITACIÓN


Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.


Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.


En concreto, los denunciantes individualizaron una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

INHABILITADOS POR EL SUPREMO


Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.


En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

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