Donald Trump está convencido de que las universidades más prestigiosas de Estados Unidos se han impregnado de una preocupante ideología izquierdista 'woke' que permite al antisemitismo campar a sus anchas por campus tan prestigiosos como el de Harvard. Por eso, su Ejecutivo ha puesto en marcha una agresiva campaña para exigir que los centros lleven a cabo profundas reformas que afectan a multitud de ámbitos de su gestión: desde la gobernanza de las instituciones, hasta sus políticas de contratación o de admisión de estudiantes.

Trump quiere poner fin tanto a las políticas de diversidad e inclusión como a las polémicas manifestaciones en solidaridad con Palestina. Subraya que se debe impedir el acceso a quienes "están más implicados en el activismo que en la enseñanza". Y su amenaza es clara: si no pasan por el aro, los fondos federales que reciben dejarán de llegar. Es suficiente para que algunos centros bajen la cabeza y para que universidades como Columbia se sienten a negociar. "Estamos sufriendo presiones sin precedentes", afirmó el lunes su presidenta, Claire Shipman, reconociendo que la posibilidad de perder subvenciones por valor de 400 millones de dólares la ponen frente a un difícil dilema: mantenerse fiel a los principios de la universidad o recibir el dinero necesario para cumplir su función.

MEDIDAS LEGALES

Harvard ha optado por la primera opción. Lo hizo público el lunes por la noche, tras debatir sobre las exigencias que recibió por carta el pasado viernes. "En los últimos años, Harvard no ha cumplido con las condiciones de derechos intelectuales y civiles que justifican la inversión federal", le espetaba el Ejecutivo en una misiva que detallaba una larga lista de requisitos para mantener la financiación. "Si Harvard lo acepta, este documento constituirá un acuerdo de principio", se lee en el texto, publicado por la propia universidad.

La respuesta de Harvard ha sido contundente. A través de sus abogados ha afirmado que "no está dispuesta a aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legal de esta o cualquier Administración". Y, en una carta abierta, su presidente, Alan Garber, confirmó la decisión de convertirse en la primera universidad que declara la guerra a Trump: "Ningún Gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir", escribe.

Garber ya sabía que Trump no va de farol, porque el mes pasado ya pausó fondos a Harvard por valor de casi 9.000 millones de dólares, y la Administración se lo demostró pocas horas después con el anuncio de que congelará 2.200 millones de dólares en subvenciones al centro universitario más rico del país, además de cancelar un contrato de 60 millones adicionales.

Trump, airado, añadió la posibilidad de que, si no accede a sus pretensiones, la institución deje de estar exenta de pagar impuestos y comience a abonarlos como organización política. "¿Quizás Harvard debería perder su exención fiscal y ser gravada como entidad política si sigue promoviendo la 'enfermedad', inspirada en la ideología y el terrorismo?", planteó el mandatario, que exigió una disculpa a la universidad por su "flagrante antisemitismo".

PELIGRA LA VITALIDAD DE EE UU 

De momento, lo único que ha conseguido el presidente estadounidense ha sido un compromiso de Harvard para "sentarse a dialogar sobre lo que hace la universidad y lo que tiene pensado hacer para mejorar la experiencia de cada miembro de su comunidad". Y ha abierto una nueva batalla legal, porque sus letrados sostienen que las exigencias del gobierno no solo "ponen en riesgo la seguridad económica y la vitalidad de la nación" sino que son ilegales. "La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales", sentenció Garber.

Sin embargo, ante la polémica el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, sostiene que "Trump trabaja para que la educación superior vuelva a ser excelente, poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y garantizando que el dinero de los contribuyentes federales no financie el apoyo de Harvard a la discriminación racial peligrosa ni a la violencia por motivos raciales".

Lo cierto es que las críticas contra el Ejecutivo republicano arrecian por algo similar, pero hacia el bando opuesto. Sobre todo después de que el mes pasado saliera a la luz el vídeo del arresto de la estudiante turca Rumeysa Ozturk. Matriculada en la_Universidad de Tufts, fue abordada por agentes enmascarados que se la llevaron esposada. Su delito, por el que ha sido revocado su visado de estudiante, fue mostrar su apoyo a la causa palestina.

Yunseo Chung tuvo más suerte, y un juez ordenó al gobierno cejar en su intento de expulsar a esta surcoreana que estudia en_Columbia, que, según su abogado, "simplemente habló sobre los derechos de los palestinos".

En esta coyuntura, el expresidente Barack Obama se pronunció este martes dando su apoyo a Harvard, cuyo rechazo a un "intento ilegal y torpe de reprimir la libertad académica" consideró un "ejemplo" que deben seguir otras instituciones educativas.