Un expresidente de Francia con un brazalete electrónico durante un año. Nicolas Sarkozy se convirtió este miércoles en el primer exjefe del Estado galo en tener que cumplir un castigo judicial de este tipo. Los abogados del mandatario conservador, que llevó las riendas del país vecino entre 2007 y 2012, agotaron todos sus recursos para evitar una condena por el caso de las escuchas judiciales. 

Los jueces ya lo habían condenado en primera instancia (en 2021) y en segunda (2023). La Corte de Casación -equivalente galo del Tribunal Supremo- rechazó el último de ellos y confirmó que debe aplicarse definitivamente la pena de tres años de prisión (dos de ellos condicionales).

Como ya habían pedido los magistrados que iniciaron el proceso, el expresidente, de 69 años, no será encarcelado y deberá cumplir su castigo llevando un localizador durante al menos doce meses. Sarkozy tendrá que acudir ante un magistrado de ejecución de penas para que le ponga ese mecanismo de control que sirve como alternativa a la prisión. Ese togado fijará las condiciones que deberá respetar. Normalmente una pena con un brazalete electrónico comporta en Francia una limitación en la movilidad y que el condenado tenga que estar en su domicilio durante unas horas determinadas.

Patrice Sipnosi, uno de los abogados de Sarkozy, indicó que el exdirigente "acepta evidentemente la sanción pronunciada". No obstante, anunció que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "para lograr la garantía en sus derechos que le denegaron los jueces franceses". Este nuevo paso no evitará que le pongan el brazalete en las próximas semanas.

Después de que la Corte de Casación rechazara su último recurso, Sarkozy reaccionó denunciando "un acoso judicial" y dijo que se trata una "profunda injusticia". Además, expresó su voluntad de que la Justicia europea "pueda condenar a Francia". Desde la revelación en 2014 de este escándalo, el expresidente ha denunciado de manera recurrente los métodos de los magistrados de instrucción. Estos pincharon su teléfono tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2012, puesto que estaba implicado en varios casos de corrupción. 

Este affaire de las escuchas judiciales también fue bautizado en la prensa gala como el de Paul Bismuth, en referencia al seudónimo que utilizaba Sarkozy cuando hablaba por teléfono con su abogado porque sabía que lo espiaban.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

A pesar de sus nombres en la prensa, se trata de un caso de corrupción y tráfico de influencias. Junto con su histórico abogado Thierry Herzog, Sarkozy corrompió hace diez años al juez Gilbert Azibert. A cambio de que le consiguieran un puesto que anhelaba en Mónaco, ese magistrado les pasó información confidencial sobre otra investigación que afectaba entonces al expresidente. Pero los togados de instrucción descubrieron rápidamente esa trama al tener pinchado el teléfono del mandatario. Tanto el exjefe del Estado como el letrado y el juez fueron condenados a una pena parecida. En el caso del antaño líder de la derecha incluye una inhabilitación durante tres años.

Además de esta condena definitiva, Sarkozy puede sufrir otra decisión parecida el año que viene. La Corte de Casación deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por sus abogados por el 'caso Bygmalion'. En febrero de este año, el Tribunal de París ya lo condenó en segunda instancia a una pena de un año de prisión (con seis meses condicionales) por esta trama de financiación ilegal de su campaña presidencial en 2012.

Además, el antaño líder de Los Republicanos (LR) se enfrentará en pocas semanas al aparentemente más grave de todos sus casos de corrupción: la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el-Gadafi. El 6 de enero empezará el juicio por esa compleja y turbia trama.