El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que la Justicia aplicará el "máximo castigo" para las 2.000 personas detenidas esta última semana durante las manifestaciones en protesta por el presunto fraude electoral en el país. "Lo que va a haber es Tocorón", apostilló el mandatario en alusión a una de las dos cárceles de alta seguridad que el Gobierno prepara para encerrar a todos los condenados.

Los venezolanos amanecieron con una mezcla de indignación, miedo, frustración y tristeza por las palabras de Maduro. Aventuran un duro futuro a los adolescentes, trabajadores, madres y padres apresados en las manifestaciones o al regresar de su empleo o de una tienda en operaciones de la Guardia Nacional "arbitrarias", según denuncian las ONG, que también censuran los juicios "amañados". "Salir se ha convertido en una decisión de alto riesgo", destaca El Nacional.

Cientos de familias desconocen el paradero de sus allegados. Otras aguardan delante de las comisarías y de Zona 7, el cuartel de la Policía reconvertido en gran centro de reclusión al este de Caracas, con el fin de entregar ropa y comida a sus allegados. "Ni siquiera sabemos si luego se lo entregan. Eso es un gentío, hay mayores de 50, de 60 años, encerrados", dicen los amigos de un paramédico arrestado con su madre y sus dos hermanas hace siete días en Las Mercedes, un barrio feudo de la oposición

Sus palabras se asemejan a las pronunciadas por Julia. Afligida, sabe que al otro lado de la verja se encuentra su hija de 16 años, música en la Sinfónica de Caracas, que salió a protestar con una prima de 26 años contra el régimen al barrio de Chacaíto. "Era la primera vez que mi hija salía a marchar. Imagino que cuando llegaron allá se encontraron con la represión", cuenta la madre que solo ha conseguido verla una vez desde su arresto la semana pasada. Delante de Zona 7 aguardan los abogados de decenas de detenidos y coordinadores de asociaciones de derechos humanos que confían en que este "cúmulo de ilegalidades" se convierta en un nuevo frente de reprobación internacional a Maduro.

El mandatario recibió un nuevo baño de masas ante el Palacio de Miraflores este sábado (madrugada de ayer en España) después de que decenas de miles de personas se movilizaran en su contra. Encabezados por la líder opositora María Corina Machado, los críticos reclamaron una revisión de las elecciones y la libertad de los detenidos.

Maduro ignoró ante los suyos todas las demandas. En cambio, se ufanó de que con él "la paz" impera en el país y "nadie les llevará a escenarios golpistas". Nada dijo, sin embargo, de las acusaciones crecientes de orquestar un "autogolpe" en los recientes comicios presidenciales ni de la presión de la comunidad internacional para que entregue todas las actas electorales.

En su lugar, prometió "justicia completa" para los arrestados porque "lo que hicieron es muy grave. "Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón", amenazó. Tocorón y Tocuyito, situadas en los estados de Aragua y Carabobo, respectivamente, han sido históricamente dos prisiones de máxima seguridad y ahora el Gobierno las está rehabilitando. Maduro quiere concentrar allí a los detenidos a los que califica de "guarimberos", es decir, manifestantes violentos. Ha anunciado que las prisiones serán transformadas en granjas, donde los presos deberán hacer trabajos productivos.

UNA FISCAL SE NIEGA A ACUSAR

Su relato insiste en que las acusaciones de fraude electoral son fruto de un complot de la ultraderecha, la oposición y los gobiernos extranjeros. "El brote fascista se ha terminado", subrayó, tras asegurar que todos los apresados "confiesan porque ha habido un proceso estricto legal, dirigido por la Fiscalía con plenas garantías". El líder quiso reforzar su argumentación al informar de que la Policía había localizado 146 armas de guerra escondidas.

Algunos medios informaban ayer de la captura de un grupo de comerciantes por vender camisetas serigrafiadas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez derribada. Agentes de seguridad apresaron también al único alcalde opositor del estado de Sucre, Jordan Sifuentes, sin que hayan trascendido los cargos. Una fiscal en Ansoategui ha sido imputada por negarse a acusar a cuatro personas que protestaban por el pucherazo.

La ONG Foro Penal ha constatado que numerosos detenidos fueron presentados a "tribunales de terrorismo" con abogados impuestos. La organización Civilis denunció el uso "amañado" de las audiencias telemáticas, constituidas para agilizar los juicios.

Un día más, las protestas contra el régimen chavista se extendieron por países y ciudades de todo el mundo. Miles de personas se concentraron en países de la región latinoamericana, como Chile, Argentina o Colombia, donde los locales se unieron a los inmigrantes venezolanos al grito de "No tenemos miedo". "Libertad para volver por miles a casa", rezaban algunos carteles mientras se reclamaba el "cambio" de Gobierno en Caracas. El presidente argentino, Javier Milei, fue el más explícito al apuntar a los políticos que "cierran la boca" y considerales unos "boluprogres" que son "cómplices por acción u omisión de Nicolás Maduro".

En España, donde residen 400.000 venezolanos, se celebraron manifestaciones en capitales y ciudades como Bilbao, Madrid, Tenerife o Valladolid. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá el próximo día 13 en el Senado para explicar la postura del Gobierno, que se ha adherido a otros seis países de la UE para pedir a Nicolás Maduro las actas electorales que le han dado la presidencia.

En algunas protestas internacionales hubo proclamas contra las "desapariciones forzosas", máxime después de que se conociera que al menos dos personas intentaron ser capturadas de modo subrepticio tras la multitudinaria marcha opositora en Caracas. Uno de ellos es un antiguo líder que logró escapar con su coche y el segundo, un miembro del equipo de María Corina Machado al que varios individuos asediaron en su casa.