Si en 1788 existía un consenso unánime en que el presidente de los Estados Unidos debía ser George Washington, en 1792 se repetía el mismo sentimiento. Sin embargo, las razones por las que se llegaba a esa conclusión habían cambiado por completo. En las primeras elecciones, las de 1788, el antiguo comandante en jefe del Ejército Continental había encarnado el valor de la unión y del trabajo conjunto de las 13 colonias por un bien común. Su elección presagiaba un futuro próspero para Estados Unidos. En 1792, en cambio, Washington se había convertido en una boya, en el “presidente indispensable”, como si se tratara del último asidero para que la todavía frágil unión no se fuera al traste. ¿A qué se debía este cambio radical?, ¿qué había sucedido en los cuatro años precedentes?

Un resumen demasiado somero apuntaría a que la política había envenenado al país, acentuando las diferencias y horadando la capacidad de entendimiento, pero eso, siendo cierto, no haría justicia a los hechos en toda su profundidad. Las disensiones políticas no surgieron de la nada o por simple ambición de determinados personajes. Más bien fueron las decisiones tomadas por el presidente y su secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, las que sembraron la discordia incluso entre los miembros del propio Gabinete (ver glosario). Pero estas decisiones no habían sido en modo alguno arbitrarias, sino las propias de pretender formar un estado único a partir de trece colonias singulares y celosas de sus parcelas de poder.

La más polémica de todas las medidas fue la creación del Banco Nacional. Hamilton, en su papel de secretario del Tesoro, creía que dicha institución era indispensable para gestionar la recaudación de impuestos, regular el comercio y el papel moneda del país, además de lidiar con cada uno de los bancos estatales. Y Washington, siempre muy cercano a las tesis de su protegido, lo apoyó. En cambio, otro miembro destacado de la Administración, el secretario de Estado Thomas Jefferson, se posicionó en contra. Arguyó que la Constitución no contemplaba la creación de esa entidad y que supondría el fin de los bancos particulares de las colonias.

En el fondo, comenzó a discutirse el modelo de país. Hamilton y Washington deseaban fortalecer el gobierno central, pero otros políticos preeminentes consideraban que eso, para los estados que integraban la Unión, se parecía demasiado a una nueva forma de subordinación -lo cual resultaba especialmente espinoso después de todo lo que habían arriesgado y luchado para conseguir la “libertad”-. Jefferson lideró esta última corriente y contó con firmes apoyos, como el de James Madison (el conocido como “Padre de la Constitución”) o George Clinton (gobernador de Nueva York). Aquella oposición no tardó en cristalizar en una nueva organización política, que en sus inicios difícilmente podía equipararse a los estándares de un partido moderno, pero que pronto devino en el Partido Demócrata-Republicano.

Washington pensaba en retirarse de la política y volver a su añorado Mount Vernon. Sin embargo, las disensiones políticas le preocupaban: temía que la débil unión del país se rompiera. Además, sus consejeros le rogaron que continuara en el cargo cuatro años más e incluso Jefferson, ya convertido en su rival político, estaba de acuerdo en la necesidad de que repitiera como “presidente indispensable” para que el país no se disgregara. La Constitución, por cierto, no había previsto el hecho de que un presidente pudiera tener más de un mandato. Simplemente, ni lo contemplaba ni lo prohibía.

Finalmente, Washington aceptó presentarse a la reelección, aunque a regañadientes. Y una vez lo hizo, ya no hubo dudas de quién sería el ganador en los comicios. En sus cuatro años de gobierno se habían sumado dos nuevos estados, Vermont (en 1791) y Kentucky (en 1792), pero todavía las ampliaciones del país no se habían convertido en un factor de desestabilización electoral, como más adelante lo fueron. El presidente acaparó 132 votos del Colegio Electoral, el máximo posible en aquella cita, de manera que venció por unanimidad.

Las dos corrientes políticas que se habían establecido en el país pelearon por la vicepresidencia, de hecho. Como representante del Federalismo se presentó John Adams, que aspiraba a revalidar su puesto, y la oposición eligió al gobernador de Nueva York, George Clinton, buscando competir el voto norteño a Adams, oriundo de Massachusetts. Esta pugna la ganó Adams con 77 votos; Clinton se quedó en 50. Sin embargo, el tablero reflejó la fractura en el país. Adams barrió en el norte, especialmente en Nueva Inglaterra, y perdió en el sur.

Antes de que Washington y Adams juraran sus cargos y se formara el nuevo Gabinete, la carrera por las elecciones de 1796 ya se presentaba apasionante.

En los primeros años de su existencia, Estados Unidos había carecido de una capital indiscutible. En los tiempos de la Guerra de Independencia, se había considerado como tal a Filadelfia, ya que había sido el escenario de la firma de la Declaración de Independencia y allí habían celebrado sus reuniones tanto el Congreso Continental como la Convención Constitucional. Sin embargo, George Washington había sido investido presidente en 1789 en Nueva York, así que durante su gobierno esa ciudad ejerció como capital. Pero aquello tenía un carácter provisional, ya que los estados más poderosos recelaban de que ninguno de ellos acogiera la capital, lo cual hubiera roto el ya de por sí difícil equilibrio.

Se pensó entonces en edificar una ciudad completamente nueva y, a ser posible, en un lugar que no se sintiera excesivamente norteño ni sureño. Pronto se llegó a conclusión de que no existía tal emplazamiento, pero se llegó a un acuerdo: el sur, que estaba mayoritariamente en contra del gobierno en un asunto concerniente a la condonación de las deudas de los estados, apoyaría esta medida a cambio de que la capital se situara a horcajadas entre Maryland y Virginia (uno de los estados principales del sur), en ambas riberas del río Potomac.

En 1790 se dio luz verde al proyecto y, mientras tanto, Filadelfia volvió a ser la capital. Lo fue hasta 1800, cuando el presidente John Adams ocupó la Casa Blanca (que todavía no era blanca ni se conocía con ese nombre). El Congreso se reunió en la ciudad por primera vez el 17 de noviembre de ese año. La ciudad fue declarada independiente de todos los estados y pasó a formar parte del Distrito de Columbia. Además, como su desarrollo se centró en la ribera del río que había cedido Maryland, la parte correspondiente a Virginia fue devuelta a ese estado en 1847.

"GABINETE": El Gabinete de los Estados Unidos se podría equiparar en la política española actual al Consejo de Ministros. Washington designó el primer Gabinete de la historia del país al nombrar como consejeros y otorgar cargos de relevancia a Thomas Jefferson (secretario de Estado), Alexander Hamilton (secretario del Tesoro), Henry Knox (secretario de Guerra), Samuel Osgood (secretario del Servicio Postal) y Edmund Randolph (fiscal general). Desde entonces, los miembros del Gabinete son nominados por el presidente y deben ser ratificados, con mayoría simple, por el Senado.

"ENMIENDAS": La aprobación de la Constitución por parte de cada uno de los estados vino acompañada, en algunos casos, por la petición de que se especificaran con mayor exactitud los derechos que ellos estaban cediendo al gobierno federal (central). Así, James Madison, el principal redactor del texto constitucional, se puso manos a la obra para ampliar esa Carta Magna y, el 25 de septiembre de 1789, presentó doce enmiendas en la conocida como "Declaración de Derechos". De las doce, diez fueron aprobadas por los estados y desde entonces forman parte de la Constitución.

I Enmienda

El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

II Enmienda

Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.

III Enmienda

En tiempo de paz no se alojará a ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento del propietario; ni en tiempo de guerra, excepto en la forma prescrita por ley.

IV Enmienda

El derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se encuentren protegidos contra registros e incautaciones irrazonables, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o afirmación y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser incautadas.

V Enmienda

Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o de otro delito infame a menos que un gran jurado lo acuse, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas navales o terrestres, o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio actual en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se juzgará a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de la vida o algún miembro; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

VI Enmienda

En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda.

VII Enmienda

El derecho a que se celebren ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario en que el valor en disputa exceda de veinte dólares, será garantizado, y ningún hecho juzgado por un jurado será reexaminado en tribunal alguno de los Estados Unidos, salvo con arreglo a las normas del derecho consuetudinario.

VIII Enmienda

No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles e inusuales.

XI Enmienda

No se interpretará la enumeración en la Constitución de ciertos derechos para negar o menospreciar otros derechos retenidos por el pueblo.

X Enmienda

Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo.