La retórica que impulsa las recientes movilizaciones por la vivienda esconde, bajo la bandera de la justicia social, un ataque frontal a nuestro orden constitucional. Los “colectivos” que promueven la huelga general del alquiler, algo sin ningún amparo legal a diferencia de las huelgas laborales, no buscan soluciones habitacionales públicas, lo que sería lo más lógico y algo exigible a los poderes públicos; pretenden dinamitar la propiedad privada mediante una intervención radical del mercado que vulnera directamente el artículo 33 de nuestra Constitución.

Desde una perspectiva legal, amparar que el inquilino imponga unilateralmente el precio, los plazos y las condiciones contractuales transforma totalmente la esencia misma del derecho a la propiedad. La Constitución reconoce la función social de los bienes en el mismo artículo que reconoce la propiedad privada, algo muy lógico desde que (Art. 1) “España se constituye en un Estado social, democrático de Derecho”, pero, y es un pero muy grande al figurar en el mismo artículo, prohíbe de forma taxativa la privación de derechos sin la correspondiente indemnización y justificación legal.

Frente a la inacción de años del Gobierno para construir vivienda social, se pretende trasladar la responsabilidad del Estado a los particulares. Este intervencionismo no solo destruye la seguridad jurídica, sino que ahuyenta la inversión y reduce drásticamente la oferta de alquiler. Respaldar estas coacciones asimila nuestro ordenamiento a modelos fracasados que destruyen la riqueza. La defensa de la vivienda no puede construirse sobre la demolición de la ley y el expolio al propietario.