Un año más, tras los Sanfermines, volvemos a conocer denuncias por agresiones sexuales. Y, un año más, escuchamos las mismas declaraciones institucionales condenando estos hechos. Es necesario condenarlos, sí, pero también preguntarnos por qué siguen repitiéndose. Este año se cumplen diez años del caso de La Manada y dieciocho del asesinato de Nagore Laffage. Dos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la conciencia colectiva. Sin embargo, las agresiones sexuales continúan produciéndose durante nuestras fiestas. Si existen zonas que, por sus características, presentan un mayor riesgo durante la noche, resulta razonable reforzar allí la vigilancia y la prevención. Prevenir no significa limitar la libertad de nadie, sino proteger a quienes quieren disfrutar de unas fiestas que deberían ser seguras para todos.

También preocupa que, cada vez que ocurre una agresión, buena parte del debate se desvíe hacia la nacionalidad del presunto agresor. Sin restar importancia a ningún dato de la investigación policial , el foco no debería apartarse de lo esencial: las víctimas y las medidas necesarias para evitar que otras personas sufran lo mismo. Las instituciones tienen la obligación de condenar estas agresiones, pero también de actuar para reducir al máximo las posibilidades de que vuelvan a producirse. Porque las palabras son importantes, pero cuando los hechos se repiten año tras año, la sociedad necesita respuestas que vayan más allá de las declaraciones. El verdadero compromiso contra la violencia sexual no se mide por la contundencia de los comunicados, sino por la eficacia de las medidas que consiguen que cada año haya menos víctimas. Esa es la mejor manera de proteger el verdadero espíritu de los Sanfermines: una fiesta de libertad, convivencia y respeto para todos.