La reforma del sistema de Protección Civil en España, anunciada por Fernando Grande-Marlaska, supone un refuerzo institucional relevante: la creación de una Secretaría General y una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Sin embargo, evaluada desde un enfoque técnico, la cuestión clave no es la arquitectura administrativa, sino su capacidad para cumplir con los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres impulsado por la Organización de las Naciones Unidas.

Sendai establece un cambio de paradigma: pasar de la respuesta a la anticipación, de la emergencia a la gestión del riesgo. En este sentido, la Plataforma Nacional puede mejorar la gobernanza multinivel, pero su impacto dependerá de si introduce mecanismos vinculantes y no meramente consultivos. Del mismo modo, el refuerzo orgánico aporta capacidad administrativa, pero no garantiza una integración efectiva del riesgo en políticas críticas como la ordenación del territorio, la gestión forestal o la adaptación climática.

España enfrenta riesgos cada vez más frecuentes y severos incendios extremos, inundaciones recurrentes, fenómenos meteorológicos adversos que no son imprevisibles, sino en gran medida conocidos. La persistencia de estos impactos evidencia una brecha estructural: el sistema sigue siendo predominantemente reactivo, con un sesgo hacia la respuesta y la reconstrucción frente a la inversión preventiva.

El desafío, por tanto, no es normativo, sino operativo. Cumplir con Sendai exige incorporar métricas de riesgo en la planificación pública, asegurar financiación estable para la prevención y dotar a los órganos de coordinación de capacidad real de decisión. Sin este salto cualitativo, el refuerzo institucional corre el riesgo de quedarse en una mejora formal sin transformación efectiva, al igual que el 1ª Plan Nacional para la reducción de riesgos de desastres.