Han pasado tres años sin que se presenten los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de que el plazo del 30 de septiembre ha sido ya superado. Este retraso constituye un claro incumplimiento del mandato constitucional por parte del Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Los ciudadanos pagamos nuestros impuestos de manera puntual y responsable, pero no vemos reflejado ese esfuerzo en las transformaciones necesarias para nuestro país. ¿Es esto justicia?

Los bonos del tesoro generan intereses para quienes prestan dinero al Estado; ¿No debería aplicarse un principio similar a los impuestos que abonamos los ciudadanos, cuando no se destinan a su fin adecuado? Si el dinero que hemos contribuido no se traduce en beneficio social, los presupuestos pierden su sentido. Incluso podría plantearse, aunque parezca extremo, la idea de compensación por la falta de retorno, tal como se aplican intereses por retrasos en pagos ciudadanos. Además, urge poner freno a la polarización y la radicalización de la política, que solo perjudican a la ciudadanía. El juego de bloques ideológicos no beneficia a nadie; necesitamos políticos capaces de desatar los nudos gordianos y de encontrar soluciones prácticas más allá de intereses partidistas. El dinero público debería ser un instrumento para fomentar colaboración y eficiencia, no un motivo de conflicto permanente.

Es hora de exigir responsabilidad y coherencia. Los ciudadanos merecemos transparencia, justicia y resultados tangibles. La política debe trabajar para la sociedad, no al revés.

Pónganse las pilas de larga duración, señores políticos; la ciudadanía no puede esperar más.