Cuando un cargo público aparece bajo sospecha de haber cometido alguna irregularidad, lo habitual es que se intente tapar el asunto con la conocida “cortinilla de Estado”: declaraciones confusas, mensajes de distracción y la sensación de que no pasa nada. Sin embargo, en la Administración pública, la suspensión cautelar es una medida de lo más normal cuando un trabajador está siendo investigado. ¿Por qué, entonces, los responsables políticos no se someten al mismo criterio?

No hablamos de culpabilidades, sino de prudencia y de respeto a los ciudadanos. Igual que un funcionario puede ser apartado temporalmente de su puesto para evitar que su situación afecte al servicio, lo mismo debería aplicarse a quienes ocupan cargos públicos. La política no puede ser una excepción en algo tan básico como preservar la confianza y la transparencia. Y más aún en un momento en el que la corrupción en nuestro país, tanto a nivel de Estado como a nivel autonómico, está llegando a niveles alarmantes. Si se quiere recuperar la credibilidad, no bastan palabras: hacen falta gestos claros y coherentes. La suspensión cautelar, lejos de ser un castigo, es simplemente una medida de sentido común.