Me cuesta no solo aceptar, sino comprender, el estado actual de la caza en Tudela. Desde hace muchos años, la apertura de la media veda coincide con la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto fecha que los cazadores esperan con ilusión para poder disfrutar de su pasión. Este año, en Tudela no se ha podido cazar el primer día, dejando al mayor colectivo deportivo de la ciudad en casa sin dar explicaciones públicas y, lo que es peor, sin saber cuándo lo harán.

En Tudela, para poder cazar, hay que pagar en plazo; para abandonar, también, porque si no se sigue debiendo, algo nunca visto en una administración local. Sin embargo, no se abre la veda en tiempo y forma, como en todos los cotos, y no pasa nada (esperaremos la reducción pertinente).

La situación es muy grave desde hace muchos años y se mezclan muchas inacciones que han conducido a este deterioro. La renovación del POC (Plan de Ordenación Cinegética), que debe ser renovado por los titulares de los cotos, está sin aprobar por diferentes motivos que se desconocen, por lo que el acotado no se puede abrir. Los plazos para la renovación y alegaciones son amplios, máxime cuando el ayuntamiento cuenta con dos guardas y la tarea de vigilancia en un coto con población cero de perdiz es baja o nula.

El aprovechamiento de la caza en el comunal de Tudela no es defendido y es perjudicado año tras año, cosechando y labrando los rastrojos en plena caza y reduciendo el espacio cazable a mínimos. Lo intolerable es que los cazadores pagan la tarjeta más cara, es más, son los únicos que pagan su disfrute en el comunal, ya que motoristas que han degradado el hábitat, ciclistas, paseadores... no pagan nada. ¿Dónde está la protección de los derechos de los cazadores en el comunal? Como, por ejemplo, obligar a dejar una mínima altura de paja y un tiempo mínimo de aprovechamiento antes de labrar.

El POC, como herramienta de gestión medioambiental, se ha demostrado inservible, nefasto y adoctrinador. Es más, solo se enmarca en las políticas de medioambiente en Navarra que han asfixiado y siguen haciéndolo a los colectivos de cazadores. El gobierno local debe de estar capacitado para defender los derechos del mayor colectivo que “paga” por practicar su derecho. Estamos ante una falta de preparación y administración que ha perjudicado de manera grave a los cazadores tudelanos.