El debate sobre la fragmentación del Congreso de los Diputados y la dificultad para formar mayorías estables en España rara vez aborda el origen del problema: el sistema electoral. Actualmente, con listas cerradas y una fórmula proporcional poco corregida, es posible que partidos con un apoyo minoritario acaben condicionando la gobernabilidad del país. La representación se dispersa y los pactos se vuelven más tácticos que programáticos.

Durante la Segunda República, la Ley Electoral de 1931 -aunque no la Constitución- preveía una segunda vuelta en aquellas provincias donde los candidatos no obtenían la mayoría absoluta ni un mínimo del 20 % del censo. Esto obligaba a los partidos a buscar apoyos más amplios y favorecía la formación de mayorías claras. La segunda vuelta no solo otorgaba legitimidad reforzada a los elegidos, sino que contribuía a la estabilidad del sistema.

No se trata de idealizar el pasado, pero sí de recordar que existieron fórmulas pensadas para premiar la transversalidad y penalizar la fragmentación. Hoy sufrimos las consecuencias de un modelo que, lejos de representar fielmente la voluntad general, a menudo favorece juegos de bloqueo o alianzas poco transparentes.

La situación actual impide realizar transformaciones necesarias en el siglo XXI. Replantear nuestra arquitectura electoral tal vez sea el eslabón que falta para frenar el declive democrático, acompañado de corrupción y mala gestión pública, que tanto daño hacen a la confianza.