A mediados de diciembre se anunciaba el cierre de una empresa que dejaba en la calle a más de 650 trabajadores. Una empresa más que deslocalizaba su producción y se marchaba de Navarra. Inmediatamente, la presidenta del gobierno reaccionaba, cual jabata navarrensis, y salía a los medios de comunicación declarando que la prioridad eran los trabajadores y trabajadoras. En un acto de arrojo sin precedentes, el consejero del ramo manifestaba que se iba a reunir con la dirección de la empresa y solicitaba comparecer en el Parlamento de Navarra para dar todas las explicaciones oportunas. En enero, el Ministerio de Industria, el Gobierno de Navarra y la empresa, creaban un grupo de trabajo para estudiar alternativas al cierre de la planta. La presidenta de Navarra, tras una reunión con los directivos de la multinacional, prometía un “horizonte de esperanza” para los 660 trabajadores. Como se dice coloquialmente, si quieres dejar que un tema se alargue y no se resuelva definitivamente crea una comisión o un grupo de trabajo. Mientras tanto, la presidenta mostraba su empatía con los representantes de los trabajadores y se establecía con ellos una vía de comunicación permanente a través de una dirección general de otra consejería del Gobierno de Navarra. El tema ya iba cayendo en la pirámide institucional al segundo escalón. Llegado junio, la empresa ha anunciado los despidos irremisiblemente y el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa al cierre. Lo siento mucho por los afectados. Nuestros políticos han vuelto a dar una master class de ineficacia.