Entre 2023 y 2024 se abrieron 352 nuevos supermercados en España. Pero según el IV informe de ASEDAS, solo 3.500 de los 8.132 municipios del país cuentan con al menos una tienda de alimentación. La mayoría de estas aperturas, una vez más, se concentran en áreas urbanas. Además, el 51,6% de los municipios no dispone de oficina bancaria, lo que afecta a más de 1,3 millones de personas. A esta precariedad en servicios básicos se suma otra realidad menos visible pero igualmente preocupante: la brecha digital. Aunque la cobertura ha mejorado, más de 2.600 municipios siguen sin una conexión mínima de 10 Mbps, según datos recientes. Con la llegada del verano, muchos regresan a sus pueblos para disfrutar de fiestas patronales y tradiciones. Pero para quienes viven allí todo el año, estas carencias no son temporales: son el día a día. La España rural no solo está despoblada, también está desatendida. Cada pérdida de servicios expulsa población. Cada pérdida de población justifica nuevos recortes. Es un bucle perverso. Y mientras tanto, el foco político se desplaza a otras urgencias. La cohesión territorial ya no parece prioridad en la agenda pública. Sin acceso a tiendas, bancos ni conexión digital digna, millones de personas viven en una realidad paralela al discurso del desarrollo y la modernización. ¿Y quién cuida los pueblos? ¿Quién garantiza que vivir lejos no signifique vivir peor? La respuesta no puede seguir siendo el silencio.