En el ámbito político y sindical, es común destacar los logros obtenidos en la mejora de condiciones laborales y económicas de ciertos grupos. Sin embargo, a menudo se ignora la realidad de pequeños colectivos que, aunque igualmente relevantes, no reciben la atención que merecen.

Estos colectivos, con contribuciones vitales al servicio público, enfrentan una falta de representación efectiva y suelen ser relegados frente a los intereses de grupos más grandes. Esta situación perpetúa desigualdades y genera frustración en trabajadores cuyo esfuerzo y dedicación pasan desapercibidos. En mi caso, como enfermero en la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias, desempeño labores en una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y en un helicóptero sanitario. Durante cada jornada laboral nos enfrentamos a emergencias como infartos, ictus o accidentes de diversa índole. Estas situaciones requieren una respuesta inmediata, donde cada segunda marca la diferencia entre salvar una vida o minimizar secuelas irreversibles. Es importante recordar que todos somos pacientes.

Realizamos asistencias y traslados tanto terrestres como aéreos, con intervenciones en terrenos peligrosos, condiciones climáticas adversas, como calor extremo, frío intenso, lluvias o nieve. Este trabajo conlleva riesgos significativos, desde peligros biológicos, físicos, hasta penosidad y estrés psicológico, derivados todos ellos por situaciones no controlables ya que cada actuación y momento es diferente. A pesar de estas condiciones, nuestra labor se compensa con un complemento salarial del 1% (18€ al mes), claramente insuficiente y desconectado de la realidad de nuestras responsabilidades.

Asimismo, la ausencia de un coeficiente reductor en el tiempo de cotización para quienes enfrentamos estas condiciones extremas constituye una falta de reconocimiento hacia los riesgos inherentes, las penosidades y las consecuencias a largo plazo que enfrentamos en nuestra salud física y psicológica. Este mecanismo, ya aplicado en otros sectores laborales con condiciones similares, debería extenderse a nuestro colectivo para garantizar un trato equitativo y digno.

Es crucial que los partidos políticos, sindicatos y gestores den un paso al frente para abordar estas desigualdades. La igualdad en las mejoras laborales y económicas no debe depender del tamaño del colectivo, sino de la importancia y el impacto de su labor. Para ello, es necesario, en primer lugar, reconocer la realidad de estos colectivos pequeños y garantizar también una representación efectiva en las negociaciones. Dos, revisar y ajustar los complementos salariales para que reflejen adecuadamente la, peligrosidad, riesgo, penosidad y responsabilidad de las funciones desempeñadas. Y, por último, promover la transparencia en las decisiones y asegurar que las necesidades de todos los trabajadores sean escuchadas.

El objetivo final debe ser un sistema laboral justo y equitativo, donde nadie quede atrás. La justicia y la igualdad laboral no son privilegios sino derechos fundamentales que deben garantizarse para todos los trabajadores, independientemente de su número o visibilidad mediática.