Es imprescindible en toda ley el respaldo económico que la haga efectiva, más aún cuando de lo que se trata es de una modificación integral del sistema de financiación de una gran comunidad como es Cataluña.

Parece ser que el gobierno cuenta con los apoyos necesarios en la votación de una nueva legislación que va a afectar al resto de España, de forma importante al ser la mayor comunidad con su propio concierto, pacto, convenio o como les queramos llamar. Economistas de prestigio afirman que para conseguir esa modificación son necesarias medidas de gran calado en el sistema tributario español, algunos expertos calculan que un importe por lo bajo superaría los veinticinco mil millones de euros. Sea cual sea el importe a ajustar, en los presupuestos se verán afectados impuestos tan importantes como el Impuesto Sobre El Valor Añadido o el Impuesto Sobre la Renta De Las Personas Físicas. Como no parece que se vaya a reducir el gasto que en todos los gobiernos es la base de un apoyo social al partido gobernante, serán los impuestos a todos los españoles los que van a financiar el cambio tributario en Cataluña. Hacienda tiene puestas desde hace tiempo la mirada en prescindir de los tipos de IVA reducidos , el 10 y el 4% que afectan en su mayor parte a los productos y servicios de bienes de primera necesidad, alimentos en general, productos farmacéuticos y hostelería.

Dejamos aparte la consideración de la hostelería como necesaria, respecto al consumidor final (las empresas deducen el IVA cuando sea justificado) y más cuando es en mayor medida el turista quien lo soporta (y de turismo del exterior andamos sobrados). Pues bien, el que a estas alturas del asunto el gobierno o la oposición no hayan hecho su trabajo de realizar la valoración correspondiente es de juzgado de guardia, aunque cierto es que la oposición no revisa en muchos casos las leyes propuestas por el ejecutivo por falta de preparación de sus señorías y en muchos casos por vagancia (dar a la tecla del sí cuando lo dice el partido sin mirar siquiera lo que firman que han revisado). En el caso de los gobiernos la estratagema es meter en una ley una disposición adicional que no tiene nada que ver con la ley a aprobar y cuya finalidad es que pase desapercibida por ser impopular o contrario al programa electoral del propio partido que lidera el ejecutivo.

Aún está a tiempo el gobierno de plantear de forma clara a los españoles cómo va a salir del atolladero que se ha metido y va a realizar la cuadratura del círculo, sabemos que lo vamos a pagar entre todos pero al menos no nos tomen el pelo y díganos cómo, cuándo y cuánto va a ser la factura. Puedo entender la posición del gobierno pero no llego a entender la de la oposición que se pierde en disquisiciones filosóficas o en enfrentamientos personales. Con perdón creo que necesitamos más técnicos y menos políticos.