Leo que el actor y director de cine Daniel Guzmán ha sido condenado por sacar a golpes a unos ocupas que habían tomado su casa. La noticia, en vez de provocarme rechazo hacia el actor, que yo creía que era progre de izquierdas, me produce solidaridad hacia él ya que, ante la pasividad del Estado en la defensa de la propiedad privada, derecho recogido en nuestra Constitución, ha sabido reaccionar, aunque ilegalmente conforme a la actual legislación “podemita” sobre vivienda, y revertir una grave pérdida de patrimonio. Al margen de la incongruencia o no de este señor, que al parecer manifestaba en redes sociales ser contrario a la desocupación hasta que le ha tocado a él, el tema me reabre la constatación de que los pequeños propietarios estamos desarmados ante estos delincuentes que apropiándose de lo ajeno son protegidos por la ley. Si estamos ante personas con cargas familiares y problemas habitacionales, es el Estado quien debe hacerse cargo de ellos y no trasladar a los propietarios particulares el problema social de la carencia de vivienda. Al igual que va a ocurrir con la reducción de la jornada laboral no consensuada con los empresarios, este es otro ejemplo más de la mala política que practica el actual gobierno socialista consistente en “montar la fiesta y hacer que la pague otro”.