La realización de trabajos de investigación de corte similar a los universitarios en estudiantes de Bachillerato supone, para quienes estimamos la sabiduría de la ‘universitas’, una impostura rechazable. A la ‘alma mater’ y no a las enseñanzas medias se le reserva la investigación. Porque en ella se adquiere solidez de conocimientos tras muchos años de estudio y con ella culmina el razonamiento hipotético-deductivo del ser humano, que es el que permite coronar una carrera.

Pero puestos a hacer proyectos piloto en Navarra, surgió el Bi+; un programa de excelencia para alumnos brillantes de Bachillerato que ya se implantó hace años en otras CCAA, regulado con la ley en la mano desde el minuto cero por sus respectivos gobiernos autonómicos. Navarra, sin embargo, carece de una normativa que preserve los derechos de los colectivos implicados. No es inusual que los centros educativos ofrezcan un señuelo de proyectos (algunos, humo) que, digamos, les distingan. Pero el Bi+ que hoy se desarrolla en Navarra entre direcciones de instituto asociadas observa solo una praxis al uso por falta de legislación. Sin este marco legal, la arbitrariedad de criterio al claustro y las medias verdades a los alumnos están servidas. El Bi+ es la panacea de quienes legítimamente desean acercarse a la nota de sus estudios soñados: hasta un punto más en la nota final de Bachillerato por una investigación. Es algo muy serio. Créanme si les digo que no hay una sola garantía en ello. Familias y alumnos deben saber, por escrito, para valorar antes de elegir, cuáles son las fases del programa, pues tras meses de trabajo ingente el alumno puede ser expulsado de un plumazo sin nada (y todo alumno, por ley, tiene derecho a ser evaluado); deben saber también cuál será el incremento de nota en cada fase, si lo hay; y deben saber qué departamentos se implicarán; porque ténganlo claro: ningún profesor, por ley, está obligado a subir nota, haya o no Bi+ en su centro. La decisión final se verá tras dos años de esfuerzos ímprobos.

No se puede jugar con el futuro del alumnado. La comunidad educativa necesita garantías si se desea implementar este programa. Y le corresponde al GN legislar una oferta que hoy resulta tan perversa como fraudulenta. Solo la ley creará ese contexto de seguridad que todos merecemos.