Después de los corporativos del Ayuntamiento de Pamplona siguen desfilando por los medios de comunicación los parlamentarios forales, los miembros del Gobierno de Navarra, los diputados y senadores, mostrando lo que tienen o dejan de tener en su patrimonio, algo que me parece inconcebible y que no tiene ningún sentido.

Fue en 1995, después de los casos de corrupción por los que acabaron en la cárcel un presidente del Gobierno de Navarra y un consejero de Obras Públicas, por haber aceptado comisiones ilícitas de empresas constructoras a cambio de adjudicaciones de obras públicas, cuando, por primera vez, al constituirse el Parlamento de Navarra en su IV Legislatura, los entonces parlamentarios forales, de conformidad a los artículos 1, 24 y 26 del Reglamento de la Cámara, para poder adquirir la plena condición de tales, tuvimos que cumplimentar sendas declaraciones. Yo las presenté el 20 de junio de ese año. La primera era de Actividades y en ella teníamos que hacer constar, valga la redundancia, las actividades y cargos públicos de carácter institucional en órganos colegiados directivos, consejos de administración o empresas de capital público; otras actividades públicas; cualquier tipo de remuneración con cargo a los Presupuestos generales del Estado o pensiones que se percibían y, como entonces los parlamentarios no éramos profesionales de la política, las actividades privadas por cuenta propia o ajena, así como cualquier otro tipo de actividad. La otra declaración era de bienes patrimoniales, en la que había que detallar todos los inmuebles urbanos o rústicos que se poseían, los depósitos en cuenta, las participaciones en capital social de entidades jurídicas -acciones-, la Deuda Pública, las participaciones de capital social de sociedades de inversión mobiliaria, los automóviles, embarcaciones, joyas y obras de arte por un valor superior a las 250.000 pesetas, los derechos de propiedad industrial o intelectual, así como cualquier otro bien o derecho patrimonial que se tuviera.

Esas declaraciones, que anualmente tenían que ser actualizadas o confirmadas, se inscribían en el Registro de Intereses de la Cámara, que dependía directamente del presidente y era custodiado por el Letrado Mayor. La primera era pública, mientras que a la de bienes patrimoniales solamente podía tener acceso la Mesa del Parlamento de Navarra, por lo que no estaba a disposición del público en general y, lógicamente, no aparecía en los medios de comunicación.

Además, los parlamentarios forales teníamos obligación, a requerimiento de las comisiones de investigación, de presentar copias autorizadas de nuestras declaraciones del IRPF y Patrimonio. Tomé posesión como consejero del Gobierno de Navarra el 19 de septiembre de 1996, y mes y medio después, el 8 de noviembre, el BON publicó la Ley Foral de Incompatibilidades por la que se creó el Registro de actividades e intereses, desarrollada por el Decreto Foral 2/1997 de 7 de enero (BON 19.02.1997) y, el 15 de abril de 1997, tuve que presentar, en la dirección general de Función Pública, una declaración de actividades, de bienes y de derechos, similar a esas del Parlamento que, tal y como establecía el artículo 9 de dicha L.F., a ella solamente podían tener acceso el Parlamento de Navarra, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal.

Esa manera de proceder era lógica y tenía sentido: el parlamentario o consejero dejaba plasmados en unos documentos sus fuentes de ingresos, lo que había ganado el año anterior, los saldos de sus cuentas, cómo tenía invertido su dinero y los bienes que poseía. Después, si surgía un caso de corrupción o había algún litigio, se abrían esas declaraciones y se comparaba lo que allí constaba con la nueva realidad para ver si se había producido un milagro como el de los panes y los peces. Después, en mi etapa de senador, presenté otras declaraciones que ya fueron públicas y se colgaron en la web de la Cámara, y soy de la opinión de que no es preciso someter a los políticos a un Full Monty como este en aras de la trasparencia porque con ello lo único que se genera es morbo y lo único que se puede lograr es que personas que tengan una fortuna importante huyan de la política para no tener que sufrir un striptease así. Con unas declaraciones como esas primeras que describo, custodiadas por quien proceda en cada institución y abiertas en el momento que haya un litigio, esa transparencia está más que asegurada y se evita el innecesario cotilleo.

José ignacio Palacios Zuasti, Exconsejero del Gobierno de Navarra.