Cuatro funcionarios de la Administración de Justicia de Navarra, miembros de la comisión de huelga, se han encerrado hace unos días en el Palacio de Justicia de Pamplona para forzar al ministerio a que se siente a negociar con ellos de cara al conflicto laboral que mantienen abiertos.

Además, ante la secretaría de Gobierno del TSJN y la inspección de trabajo, los sindicatos convocantes de la huelga han vuelto a denunciar una actuación contraria a la huelga. “Al encontrarse de huelga el funcionario gestor del registro, se han registrado asuntos por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso del TSJN en el sistema de registro de gestión procesal cuando esa función está atribuida a un gestor, que la desempeña, además, en el ejercicio de lo dispuesto en el artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye el registro y reparto de escritos al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Los sindicatos recuerdan en un comunicado que, tras 65 días de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones, “en una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el de Hacienda y el presidente del Gobierno que están demostrando que no les importa ni la prestación de este servicio público ni las condiciones laborales del personal que lo atiende. Después de 63 días, más de 350.000 juicios suspendidos, 1.280 millones bloqueados y 424.000 demandas pendientes de reparto, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia llegó a su final luego de una oferta que incluye una retribución (por medio de “complemento de eficiencia”) de hasta 450 euros al mes por letrado.

Seis de las siete asociaciones de Jueces y Fiscales que habían amenazado sin tener que llegar a convocar (con el discutido derecho a la huelga) paros indefinidos firmaron el 23 de mayo un acuerdo con el Gobierno que incluye una serie de mejoras laborales y una subida salarial de aproximadamente 450 euros brutos mensuales, lo que supuso la desconvocatoria de la huelga indefinida que estaba prevista a partir del 22 de mayo. Como ya señaló uno de los Siete Sabios de Grecia, el Príncipe Escita ‘Anacarsis’, “…La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja pasar a los pájaros”. Con todos esos hechos, conforme a la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿quién o quienes tienen el deber jurídico de soportarlo?