Machaconamente, la no llamada ultraizquierda de Podemos y compañía repite que ha trabajado mucho para redactar una ley de apoyo para el acceso a la vivienda, mientras el partido mayoritario del gobierno, por si acaso, promulga su ley al desconfiar en los desaciertos legales de sus socios que de alguna forma han demostrado su maestría en crear problemas donde antes no los había.

Después del bochornoso espectáculo de “mantenella y no enmendalla” respecto a la ley de solo si es sí (sería más correcto la ley del no es no) que por pura fanfarronería no se ha modificado hasta que el clamor de las propias víctimas ha llegado a los oídos de nuestros gobernantes, a los que les recomiendo una visita por algún centro de audición, después de los cantos de sirena de la oferta de cien mil viviendas sacadas del cubo trilero, después de todo llega la ley que modifica las reglas del juego del alquiler. Creo que seguimos estando en un país capitalista de economía libre, pero si apelamos a la Constitución en cuanto al derecho a la vivienda, también está el derecho al trabajo en su artículo 35, y no se obliga a ninguna empresa a contratar o a ninguna persona a trabajar si no quiere. Se viste la intrusión en el mercado inmobiliario con la excusa de los llamados grandes tenedores de viviendas, aunque el matiz del número de viviendas en propiedad para pertenecer a tan selecto grupo es tener más de 5 inmuebles. La modificación futura de la ley ya no sería en el fondo sino probablemente en el número de inmuebles para tener tal consideración.

Es curiosa la alegría con la que los colectivos anti desahucios hablan de los fondos de inversión como si fueran entes diabólicos cuyo fin sería masacrar a los ciudadanos en busca de riquezas millonarias para los insaciables bolsillos de los capitalistas, deberían preguntar en las entidades financieras si en muchos casos tales fondos se nutren de ahorros de la clase media para asegurar una jubilación ante la inseguridad del futuro de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por otro lado, ya en los años 60, el gobierno del dictador Francisco Franco legisló en el sentido de topar los incrementos de alquiler con un resultado absolutamente contrario a las intenciones definidas en la propia ley. Además, las experiencias en Europa respecto a la intervención pública en el mercado de la vivienda han sido en muchos casos contraproducente y ha restringido la oferta elevando los precios.

En realidad esta ley parece ser una concesión a los radicales de izquierda para que tengan la sensación de que están gobernando cuando en realidad solo son comparsas del incombustible presidente.