La reciente resolución del TC de paralizar cautelarmente la tramitación de dos leyes orgánicas mediante un procedimiento trapacero, ha activado la propaganda oficial pregonando que “es un hecho sin precedentes en la democracia española”. La frase, de indudable connotación negativa, busca deslegitimar la resolución del órgano que representa el principal contrapeso de los poderes de Estado, tal como se demostró en 2017 en Cataluña, cuando los representantes del pueblo legislaron en contra de la Constitución.

Pero es que tampoco hay precedentes de un Gobierno que pacta el código penal con los delincuentes. Ni que rehabilita, a cambio de seguir gobernando, a quienes intentaron romper la nación. Tampoco antes había sido tan descarado el intento de controlar el poder judicial. Y no hay precedentes de un Gobierno insultando a los jueces que no se pliegan a su voluntad, a los que incluso tachan de “golpistas”.

Porque cuando el presidente afirma que “acatamos la resolución adoptada por la mayoría conservadora del TC”, en realidad está acusando al tribunal de parcialidad. Tamaña manipulación y sectarismo no tiene precedentes. Por otro lado, nunca como ahora estuvo esta institución tan politizada, hasta el punto de convertirse en una especie de tercera cámara donde los magistrados actúan como agentes del partido que les colocó y al que se deben. Y este problema, o se resuelve de una vez por los principales partidos, o la descomposición de nuestro orden constitucional, objetivo de los actuales socios del Gobierno, tampoco tendrá precedentes.