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Prestación pública patrimonial no tributaria

  • Jaime Ignacio del Burgo
Publicado el 02/08/2022 a las 08:12
Un par de consideraciones. La primera un fraude de ley que el Gobierno de Navarra no puede consentir. Todo el mundo, incluidos los portavoces gubernamentales, se refieren a los impuestos que se van a imponer a la Banca y a las Eléctricas. Sin embargo, la proposición de ley que han presentado el PSOE y Podemos lo define como “Prestación pública patrimonial no tributaria”. Puede que sea una requisa porque se habla de que los poderosos contribuyan a paliar los gastos derivados de la guerra ruso-ucraniana.
La Constitución, en su artículo 31, dispone que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio.
En el mismo artículo se establece que “sólo podrán establecerse prestaciones personales patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. Y es en la Ley General Tributaria (disposición adicional primera) donde se prevé la posibilidad de exigir “prestaciones de carácter público no tributario”, que han de exigirse “por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta”. Parece claro que las eléctricas gestionan un servicio público. No está nada claro que los bancos lo hagan.
En la práctica, la nueva carga supuestamente no tributaria grava los beneficios de las entidades citadas y afecta directamente al impuesto de sociedades. En realidad, se trata de un gravamen claramente confiscatorio. De una requisa para financiar los gastos de la guerra ruso-ucraniana sin haber declarado el estado de guerra. Es una expropiación arbitraria, que vulnera el principio de igualdad. Además, perjudica a toda la sociedad pues una medida en tal sentido de una u otra forma acabará repercutiendo sobre todos los ciudadanos, sobre todo aquellos a los que dice defender Sánchez: “la clase media de los trabajadores”, concepto que parece nuevo pero que ya aparecía a finales del siglo XIX como uno de los peldaños a conquistar para imponer el sistema marxista.
De todo lo anterior se deduce que el contenido de las prestaciones, por más que se califiquen como no tributarias, tienen carácter impositivo y se trata de un fraude de ley. La denominación no es más que una triquiñuela o maniobra para evitar la aplicación de la Constitución, de la Ley General Tributaria y, además, el respeto al Convenio Económico de Navarra y a los Conciertos Económicos del País Vasco. En nuestro caso, el Convenio vigente establece en su artículo 6 que el procedimiento de acuerdo Navarra-Estado ha de seguirse para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pueda establecer en el futuro”.
Un Estado que, en manos de Pedro Sánchez y sus socios, no tiene el menor respeto a los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, que, incluso, elude el cumplimiento de las resoluciones judiciales que no le gustan, podría vaciar de contenido nuestra autonomía tributaria utilizando la denominación no tributaria para figuras de naturaleza claramente fiscal. Hasta el momento, el Gobierno de Navarra ha guardado silencio. Aunque quizás nada tenemos que temer pues a la derecha de Sánchez se sienta un navarro que goza de su total confianza. Lo tiene fácil. La culpa de todo lo malo que nos ocurre la tiene el PP que obedece a los poderes ocultos, en los cenáculos madrileños de fumadores de puros.
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