Somos los padres de un joven discapacitado que estudió hasta el verano pasado en el colegio El Molino, y que terminada esa etapa debería de pasar al centro ocupacional según informe de valoración de Bienestar Social. Por parte de gerencia del centro ocupacional se dio una información no cierta a las familias a través del profesorado, que indicaba la inexistencia de plazas en el centro ocupacional citado, debido a que el Departamento de Bienestar Social había concedido 85 plazas a Tasubinsa y que hasta que no se ocupasen no daban plazas al centro El Molino. Entendiendo que era un agravio, solicitamos una entrevista con la directora de Bienestar Social, Inés Francés, y la sorpresa fue que, en dicha entrevista, me dice que no es cierto lo expuesto en cuanto a la asignación de las plazas, que no hay ninguna predilección por un centro u otro, que el departamento recibe por escrito la ampliación de plazas o de recursos, se evalúa y se conceden si se estima.

Mantenemos una segunda reunión con la gerente y le digo que no es cierto lo que ella ha hecho llegar a las familias por medio del profesorado y a mí personalmente en la primera reunión afirmando que era lo que había. Ella me insta a que haga de forma urgente una solicitud para presentar a Bienestar Social. No dando una contestación razonada a lo que le preguntaba, me dice que es lo que ha querido entender el personal docente, como si esa información estuviera sujeta a interpretación. Nos parece un despropósito porque por parte del centro se nos comunica que no ha sido admitida la solicitud, siendo la gerente personalmente quien nos lo solicitó. Solicitamos por burofax los motivos de la no admisión y la gerencia se excusa en que no terminó las prácticas, que en su momento se nos dijo que no eran obligatorias.

Entendemos que es una decisión arbitraria por el centro y que no se tiene en cuenta el informe de idoneidad emitido por Bienestar Social. La subvención que está publicada que recibe es de 259.876 euros. Como es dinero público entendemos que no puede haber arbitrariedad, ni opacidad, todos deben tener las mismas oportunidades y derechos, los que nos han sido negados a nosotros. Y máxime cuando se trata de jóvenes con discapacidad y que pueden ser excluidos de la adaptación social. Hablar de inclusión social y hacer lo contrario no es muy ético ni moral, estamos convencidos que el espíritu de los fundadores es precisamente la inclusión, no la exclusión. Quiero agradecer a Inés Francés, a Pilar Ferrero y a la psicóloga Sarai el apoyo que nos han dado, la voluntad y empatía que por su parte para buscar una solución para nuestro hijo. Pedimos a la administración que ejerza un mayor control a la hora de asignar subvenciones del dinero público.

Hemos solicitado en varias ocasiones una reunión para defender los derechos de nuestro hijo a la gerencia, con un representante de la administración, gerencia y un representante del patronato que gestiona la fundación y solo hemos recibido pretextos.

Joaquín Gascón y Conchi Martínez