La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha cumplido su amenaza de instalar cierres con apertura con tarjeta o móvil en los contenedores de residuos de fracción resto y orgánica. Y lo hacen después de que se hayan constatado dos fracasos clamorosos, el primero el de la implantación de llaves en los de orgánica (el contenedor marrón) y el segundo el de las pruebas piloto de Azpilagaña y Nuevo Artica.

El primer fracaso lo reconocen abiertamente, menos mal. Eso sí, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. Y con el segundo sacan pecho, presumiendo de que se ha incrementado la separación de orgánica hasta el 50%, lo que significa que hay otro 50% que sigue mezclado con el resto de las fracciones. Lo que no dejan claro si eso un medio éxito o un medio fracaso, según se mire. Pero no hablan de los otros aspectos en los que esta experiencia piloto sí ha fracasado. No hablan del notable incremento del bolseo en las zonas afectadas (palabra que describe el hecho de dejar las bolsas tiradas al pie de los contenedores); ni dicen nada del notable incremento de roedores, que cada ayuntamiento ha tenido que combatir como ha podido. Estas son realidades innegables que es imposible ocultar, porque la ciudadanía las ha visto día a día.

Tampoco hablan de la sanción que la Agencia Estatal de Protección de Datos le impuso a la Mancomunidad por el incorrecto tratamiento de los mismos en estas pruebas piloto. Todo un mal comienzo revelador de lo que ahora se va a perpetrar en toda la Comarca.

La idea del sistema de cierre con tarjetas se argumentó en su momento, de manera un tanto simplista en el hecho de que mediante este método se podrían mantener cerrados e inaccesibles los contenedores de fracción resto, permitiendo la apertura únicamente de los de orgánica; de este modo, los usuarios vendrían impelidos a separar la materia orgánica, de la cual podrían deshacerse a diario, por sus malos olores, conservando libre de ella la de resto, para sacarla con menos frecuencia. Resultado: bolseo, turismo de basura (acudir a contenedores de otros barrios), suciedad y ratas. Ante esta evidencia la Mancomunidad eliminó la dichosa calendarización en esos barrios, y no sólo eso, se ha visto obligada a reconsiderar la eliminación de la apertura con pedal, como causa añadida al bolseo. Nunca pensaron con estas medidas en la gente de avanzada edad o con discapacidades, para las cuales es una verdadera heroicidad deshacerse de una bolsa de basura de manera correcta.

Y de toda esta errática política con los contenedores, plagada de fracasos y rectificaciones, sólo va a quedar lo peor de esta idea: el control absoluto y la intromisión inaceptable de la administración en la vida privada de los ciudadanos. Habrá algún funcionario de la Mancomunidad que podrá saber cuándo cualquier inocente ciudadano abre cada contenedor, si genera o no residuos, paralelamente, si está o no utilizando su vivienda, sus hábitos vacacionales o de consumo, etc. Es un abuso intolerable que se nos viene encima, y al que la gente reaccionará, como suele ocurrir, demasiado tarde. Un ejemplo más de esa obsesión de la izquierda por controlar hasta lo más íntimo la vida de los ciudadanos a base de ingeniería social, como está ocurriendo con las leyes educativas o las relativas al consumo (de carne, azúcar, energía, etc.). Un paso más hacia la utopía del Gran Hermano y el fin de las libertades individuales. Y no sólo eso, además constituye un faraónico derroche de casi ocho millones de euros realizado por la sociedad pública instrumental de la Mancomunidad, SCPSA, que todos los años nos regala una subida en las tarifas de residuos muy superior a la inflación. Un saqueo al bolsillo de la ciudadanía excusado en “solo supone 60 euros al año”, o, “en otros sitios cobran más”. Un aumento que se acumula inexorablemente año tras año.

Este sistema es nefasto, porque añade dificultades al depósito de las bolsas en los contenedores, sobre todo a las personas mayores o con discapacidades, porque no garantiza en modo alguno la mejora en la separación de fracciones, porque aumentará inexorablemente el crecimiento de impropios (residuos mal depositados) en el resto de fracciones, porque incrementará el bolseo, con el consiguiente sobre coste y degradación sanitaria, y sobre todo porque atenta gravemente contra la intimidad y privacidad de los ciudadanos, y los problemas que crea no se van a resolver con más policía, más multas o más represión.

Juan José Echeverría, concejal del Ayuntamiento de Pamplona y portavoz de Navarra Suma en la MCP