La actual coyuntura económica y política está suponiendo un auténtico desafío para el mundo empresarial. Cada vez es más complicado ser empresario en nuestro país, ya que además de los problemas propios de la economía, se suma la crisis provocada por el Covid-19 y una gestión del gobierno que no ayuda a los intereses empresariales. Las empresas están en una preocupante escalada de pérdida de competitividad. El precio de las materias primas se ha disparado, despertando nuevamente el fantasma de la inflación. Mientras el petróleo cotiza casi el 80% más que hace un año, la subida de los metales industriales como el acero, cobre o aluminio, se han revalorizado más de un 70%. Al mismo tiempo la madera triplica su precio, llegando incluso a generar problemas de desabastecimiento. Además, se está produciendo un importante incremento de los costes logísticos que afectan tanto a la adquisición de materias primas, como al envío de mercancías al exterior. Por otro lado, la industria española que presenta unos bajos niveles de eficiencia energética y que tiene una elevada dependencia de este sector, está sufriendo una importante presión al alza de los costes energéticos. En cuanto a la electricidad, las empresas son las mayores perjudicadas por los máximos históricos del precio de la luz que estamos sufriendo estos días, ya que no pueden elegir a qué hora ponen en marcha sus máquinas. También se han visto obligadas a evolucionar y adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos de digitalización, teniendo que afrontar un alto esfuerzo humano y económico.

Todos los empresarios saben que el mayor valor de sus empresas está en sus empleados, y que remunerarles adecuadamente garantizará el futuro de sus compañías. Pues nuevamente se está barajando por el Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que llevaría aparejada una mayor cotización por seguridad social que muchas empresas no podrían soportar. Para todo hay momentos y el actual no parece el mejor escenario para volver a subirlo. Al mismo tiempo, la excesiva tasa de temporalidad en el empleo está afectando negativamente a la competitividad, ya que la elevada rotación está impidiendo que los trabajadores ganen productividad en las empresas.

Curiosamente y en paralelo al notable incremento de los gastos en la cuenta de explotación de las empresas, la mayor parte de las compañías están sufriendo una importantísima pérdida de ingresos. Los mercados cada vez más competitivos fruto de la globalización, y especialmente la pandemia del Covid-19 están marcando el devenir de muchos negocios. Según reciente información publicada por el Banco de España, seis de cada diez empresas han entrado en pérdidas y casi la mitad se ha visto obligada a despedir. Corremos el peligro que de las compañías deban trasladar el incremento de gastos a sus productos y servicios y el pagano como siempre, sea el ciudadano. Así las cosas, mientras países como Alemania o Italia, con ayudas directas y rebajas de impuestos, nos llevan meses de adelanto en la adopción de medidas para relanzar la economía, en España seguimos sin apostar por mantener e impulsar el sector empresarial como única manera de mantener el empleo. Seguimos soportando una excesiva presión fiscal, elevados costes de seguridad social, una burocracia injustificada… Para que salgan setas en el monte es necesario un clima favorable, con una temperatura y humedad óptimos. Lo mismo ocurre con las empresas. Los Gobiernos deberían preocuparse por generar un clima favorable a base de estímulos que garantizasen el mantenimiento del actual tejido empresarial, además de promover la creación de nuevas compañías, en lugar de generar más empleo público de manera totalmente artificial, engordando la ya sobredimensionada Administración y elevando más aun el gasto público.

Además, durante todos estos meses de pandemia, el tándem trabajadores-empresarios que tan importante resulta para el normal desarrollo de una economía, se ha visto enormemente perjudicado. Sin embargo, ¿dónde han estado durante todo ese tiempo los sindicatos y las organizaciones empresariales para defender los intereses de unos y de otros?

Javier Martón Pérez. Economista