Cuando, hace unos meses, empezaron a aparecer en los medios de comunicación noticias vinculadas a la Ley Celaá y los colegios concertados, referentes a las escuelas de educación diferenciada, en relación a la segregación sexual por parte de dichos centros y a la posibilidad de no apoyarlos con dinero público, etc., he de reconocer que empecé a ponerme un poco nerviosa, como madre de un colegio de enseñanza diferenciada que se preocupa de la educación de sus hijos.

Así que decidí pedir información para solucionar mis dudas y, tal vez, calmar mis inquietudes. Llamé en dos o tres ocasiones por teléfono y escribí un correo electrónico al Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. Aunque no podían “adelantarme nada”, siempre obtuve respuestas amables y hasta, en algún caso, tranquilizadoras. Percibí mucho respeto y mucha empatía por parte de mis interlocutores e interlocutoras. Y yo confío en la gente que trabaja bien.

Por eso creo que nuestros políticos y todos los responsables de Educación no se van a precipitar con medidas apresuradas, desmantelando lo que funciona bien, y experimentando con nuestras hijas e hijos. Las alumnas y alumnos de los centros con educación diferenciada no son conejillos de indias. Si se quiere comprobar que los valores y modelos de relación que impulsan dichos centros no se corresponden con las políticas públicas basadas en la igualdad, habrá que hacerlo con bastante más rigor científico que el de la mera suposición.

Con un análisis estadístico, como más de uno propone, todos podríamos salir de dudas. Es cuestión de estudiarlo durante unas semanas o unos meses quizás. Pero por favor, dedíquenle tiempo y no tomen decisiones atropelladas. Bastaría, en mi opinión, con recabar los datos de las personas que alguna vez han cometido algún delito relacionado con la violencia de género, física, psíquica, sexual o económica; en el ámbito de la pareja, familiar, laboral, social o comunitario; delitos que hayan lesionado la dignidad, la integridad o la libertad del sexo opuesto; y cualquier delito de odio motivado por la orientación sexual, identidad o expresión de género. Para después comprobar en qué centros educativos han cursado sus estudios dichas personas. No parece una investigación muy complicada de hacer. Si los resultados dan la razón a los que promueven que no debería apoyarse con dinero público a ningún centro con un modelo educativo que separe al alumnado en función del sexo, entonces, adelante: no solo no les den dinero público, directamente, ciérrenlos a cal y canto. Sean serios y no den por confirmadas unas deducciones subjetivas. Estúdienlo, contrástenlo y aporten datos reales para apoyar sus suposiciones.

Para lograr una sociedad más igualitaria y buscar relaciones más saludables, no es necesario hacer desaparecer la enseñanza diferenciada: hay que educar en valores en todos y cada uno de los centros educativos, utilicen el modelo que utilicen. Por mi parte, puedo confirmar que en el colegio de mis hijas e hijos, lo que prima no son solo los resultados académicos, los idiomas o la innovación educativa, sino una educación integral de los alumnos basada en el respeto a la libertad, la educación en valores como la solidaridad, el compañerismo, la igualdad y el crecimiento personal, potenciando la educación emocional, afectiva e interpersonal.

Por favor, estúdienlo bien, sean rigurosos y hagan bien su trabajo. Yo confío en la gente que trabaja bien.