En 1982, la Diputación Foral de Navarra promovió ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia con relación al acuerdo de 2 de noviembre de 1978, del Consejo General del País Vasco, sobre la utilización de las cadenas de Navarra en el escudo del Gobierno vasco. Lo que se impugnó fue «el acto» de venir haciendo uso el Gobierno vasco, como órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma, del emblema que incluía el escudo de armas de Navarra. Por sentencia de 29 de julio de 1985 el Constitucional declaró “la nulidad” de ese acuerdo y falló que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no podía incluir en su escudo oficial el emblema de Navarra, pues era a la Comunidad Foral de Navarra a la que le correspondía la titularidad de disponer respecto al uso de su escudo de armas.

Aunque nada más conocer esa sentencia el entonces lendakari vasco, José Antonio Ardanza, manifestó que “no hay más remedio que acatar el fallo del Tribunal Constitucional”, su Ejecutivo se tomó tiempo y tardó ocho meses hasta que estableció el nuevo escudo de la CAV y dictó las instrucciones oportunas para suprimir de él las cadenas de Navarra. Eso sucedió en 1986 y 34 años después, en la toma de posesión del lendakari Íñigo Urkullu, celebrada en la Casa de Juntas de Guernica el pasado 5 de septiembre, la Ertzainza lució en sus uniformes el Escudo del País Vasco con las cadenas de Navarra en su cuarto cuartel, sin que la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite, presente en la ceremonia, presentara una protesta verbal in situ por tal anomalía ni el Gobierno de Navarra trasladara, después, una queja formal al Gobierno Vasco por tal injerencia. El que sí se percató y actuó fue el parlamentario vasco Carlos Iturgáiz, que presentó una pregunta parlamentaria que, ahora, el 29 de enero, ha sido contestada por el vicepresidente primero de ese Gobierno vasco, en la que le responde que el traje de gran gala no está regulado dentro de la uniformidad de la Ertzainza, por lo que no tiene “la consideración de uniforme a efectos oficiales” y que “se utiliza exclusivamente en eventos de carácter meramente protocolario”. O sea, que lo volverán a utilizar tantas veces como quieran.

Con esta respuesta, el Gobierno vasco está violando un “derecho histórico” de Navarra, al tiempo que desconoce lo preceptuado en la disposición adicional primera de la Constitución e incumple la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ello, las autoridades navarras no se pueden quedar de brazos cruzados y tienen que defender, como siempre se ha hecho en el pasado, las que son las competencias propias de Navarra. Todo lo demás será dejar que se sigan riendo en nuestra cara.