El Gobierno foral acusa a la oposición de judicializar la vida política. De una parte, es normal que la oposición aproveche cualquier debilidad o traspiés del gobierno para obtener rendimiento. Eso está en la esencia del juego democrático. De otra, la ley foral que obliga a dimitir a todo cargo político investigado por la justicia me parece absurda, casi tanto como su tramitación parlamentaria: los grupos que apoyaban al Gobierno pensaban -¡oh ingenuidad!- que esa ley tan solo se aplicaría a los políticos de oposición, a “los malos”. Curiosamente, los partidos de oposición votaron a favor, tal vez por complejo: supongo que no querían dar la impresión de proteger a eventuales delincuentes. Así, la combinación de sectarismo y miedo engendró por unanimidad un monstruo legal. Pero aunque esa extraña ley no se hubiera aprobado, el consejero Ayerdi debería haber dimitido igualmente, en aplicación del espíritu democrático más elemental: el que obliga a asumir las consecuencias de la propia conducta en el ejercicio de la responsabilidad política. Dilapidar 2,6 millones de euros de dinero público es grave. Y no menos grave resulta que el señor Ayerdi no haya explicado las razones de esa “decisión atípica” suya. Aunque la oposición hubiera desaparecido o enmudecido, seguiría debiéndonos una explicación. El silencio del ya exconsejero obliga a pensar mal: ¿qué ocultará cuando se niega a contar los entresijos de esa operación? Una persona tan cualificada como él no pudo sucumbir sin más al engaño de un charlatán. Tuvo que haber algo más.

La democracia es el mejor de los sistemas políticos. Entre sus excelencias destaca la de rendir cuentas, lo cual implica transparencia. Los gobernantes se pueden equivocar o corromper, pero nos queda el consuelo de que nos enteraremos al fin de lo ocurrido: los responsables se llevarán su merecido y todos aprenderemos.

Alejandro Navas