No es un tema nuevo. Más bien es recurrente y cada día se extiende más. Hemos pasado en poco tiempo de dejar la llave “bajo el felpudo”, a entrar en la dinámica de la instalación masiva de rejas, cerraduras de seguridad, puertas blindadas y la instalación de alarmas. Es decir, invertir en bunkerizar nuestras propiedades y mantener un pago mensual a las empresas dedicadas a la vigilancia y alerta temprana. No nos podemos fiar de nada. Menos cuando vemos la proliferación de noticias, respecto a personas que se ven abocadas a sentir cómo su propiedad ha sido allanada y no pueden verse protegidos por un sistema que impide el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales (que debiera ser el paso inmediato a la denuncia) y las inexcusables exigencias de responsabilidades penales y económicas por los daños causados. Si se declaran insolventes, como es de esperar, existen medios de resarcir el daño a través de trabajos sociales (limpiezas urbanas, limpiezas de cunetas, de bosques, etc.). No puede ser que en un país, donde los subsidios (de esto ya daré mi opinión en otro momento) y ayudas sociales son generalizados, se constante esta lacra, que persiste en el tiempo, aupándose a una tendencia, en alza, que va a llegar a ser exponencial. Intento ponerme en la piel de las personas que lo han sufrido y lo sufren, y se me va la cabeza hacia una incomprensión total respecto a la respuesta que da un estado de derecho como el nuestro, con una justicia que , creo, es garantista (en este caso, no la veo realmente) y la respuesta propia que se me vendría a la mente, como damnificado, que me llevaría -sin lugar a dudas- a una actuación inmediata, de esa misma justicia, contra mi persona, con el resultado de aplicárseme de modo instantáneo, las correspondientes responsabilidades penales y económicas, que dejarían a mi familia en una situación que prefiero ni pensar.

¿Por qué se me tienen que venir a la cabeza situaciones así? Sin lugar a dudas, por la inexistente respuesta de protección que da el actual sistema (si alguien jurídicamente más versado que yo -que puede ser cualquiera- me puede dar respuesta a que estoy equivocado y puede indicar que la realidad es distinta a las noticias que nos llegan por los medios de comunicación, estaré encantado que me lo haga ver, respondiendo a esta carta), y por la repercusión personal hacia el propietario real, que no solo tiene que ver cómo es “desalojado impunemente”, si no que tiene que hacerse cargo de los propios costes de los servicios que ahora disfruta alguien ajeno, y los daños (a veces impresentables y nocivos) que se encuentra abocado a hacer frente, con sus medios, cuando finalmente consigue recuperar su propiedad. Eso, sin contar que, en algunos casos, y para solucionar su problema personalmente -ya que sabe lo que conlleva en tiempo una recuperación por la vía de la “justicia”- ha tenido que desembolsar un buen dinero (en mano o en “especias” -pagar otro alojamiento con todos los gastos-) a los ocupantes ilegales, para que se marchen. Y son muy listos. No les veremos ocupar segundas residencias de políticos (ya ni te cuento, respecto a residencias habituales), pues ello conllevaría a un desalojo inmediato “por las bravas”, Y a la inmediata puesta en marcha de la ley oportuna que pusiese fin a ello. Como ven, cargo contra los políticos, y no contra jueces ni estamentos de seguridad, ya que los jueces sólo pueden aplicar leyes existentes, y los últimos obedecer sus resoluciones. Por tanto, y para terminar, a los que necesiten alojamientos les pediría que lo hagan por los cauces legales; a los “okupas profesionales”, les pediría que tramiten con las correspondientes autoridades el modo de poder hacerse cargo de pueblos abandonados (sin olvidar a probables propietarios legales, con los que habrá que llegar a acuerdos por parte de la Administración) y que puedan crear vida y recursos en ellos. Si no quieren, por tener que trabajar duramente en ello, les recuerdo que están en una Sociedad y, si no quieren involucrarse en ella y seguir haciendo lo que les dé la gana a costa de los demás, la Sociedad tiene pleno derecho a “ponerles en orden la cartilla” y situarlos donde deben estar -por supuesto, ganándose su manutención (otro tema del que también opinaré en su momento). Hoy por hoy, y lo digo alto y claro, la pasividad del estamento político, me lleva a decirles que, dentro del concepto de “okupas que están viviendo a costa de los demás”, también los podría considerar a ellos, dado lo que observo. Y no se me enfaden (aunque me da igual). Hagan que pueda cambiar mi opinión. Estaré encantado de hacerlo públicamente.

Javier M. Elizondo Osés