Como habitante de la Navarra y España vaciada leo con interés la noticia de la creación de una Comisión de Despoblación presidida por la presidente del Gobierno, la señora Chivite, en la que participaron nada menos que 18 directores generales, entre otros agentes. No puedo estar más de acuerdo con el director general de Despoblación, el señor Rodríguez, cuando afirmó que es hora de la acción porque la gente está ya cansada de tantos estudios. Quizá sea un poco pretencioso por mi parte dar algunas ideas a tantos expertos pero tan sólo por la experiencia de vivir en el medio rural - supongo a la mayoría de los miembros de la comisión morando en la ciudad- me atrevo a sugerir algunos puntos.

Cuando se plantean medidas concretas siempre se centran en el acceso a Internet y en la mejora de las comunicaciones por carretera y es cierto que muchas vías locales navarras se encuentran en un estado lamentable (dense un paseo por la carretera Dicastillo - Sesma y comprobarán este hecho en un grado exagerado). Sin embargo, deberían los expertos elevar un poco más la mirada y echar el resto en el tren de alta velocidad para que a los que hemos de viajar a Madrid con mucha frecuencia no nos obliguen a hacer noche en la capital con el consiguiente gasto y pérdida de competitividad para las empresas en las que trabajamos. Se tienen que dar cuenta que la fuga de talentos y de profesionales competentes no es sólo debido a la precariedad laboral o a la falta de oportunidades en provincias, sino que muchos estamos abocados a vivir no ya en ciudades como Pamplona sino en la propia capital, precisamente por la deficiencia en infraestructuras como ésta. Pero vayamos a infraestructuras más sencillas. Los micro cortes de luz están a la orden del día, con el consiguiente perjuicio a las empresas instaladas en el medio rural. Más básico es todavía el agua potable. Hace nada que nos quitaron las tuberías de plomo prohibidas por ley desde el año 2003, pasando la factura a los vecinos.

En cuanto a servicios, la secretaría municipal lleva años sin dar la atención semanal que prestaba. Peor es el tema sanitario donde con buenas infraestructuras y profesionales, hemos pasado de doble atención semanal a una y no siempre. Y es que la mayoría de los profesionales, desde médicos a profesores pasando por otros funcionarios, no quieren trabajar en el mundo rural. Los legisladores deberían ser valientes y disruptivos y recuperar la obligación del funcionario (tienen miles de aspirantes) a residir en la localidad donde dan el servicio público. Pero que ésta residencia sea real y no sólo de número en el padrón, porque a estas alturas ya sabrán los miembros de la comisión que las cifras de población en el mundo rural que tienen sobre la mesa son absolutamente falsas. Me he tomado cinco minutos para contar que en el pueblo sólo residimos un 70% del censo. Este dato lo pueden aplicar a todas las localidades pequeñas. Les auguro un trabajo ímprobo porque si quieren llevar a cabo algunas de las medidas que les propongo tienen o tendrán varias coordinadoras de paletos en contra y porque llevan 30 ó 40 años de retraso. Pero como decimos en los pueblos, porque haya gorriones no hemos de dejar de sembrar trigo. Los miembros de la comisión no han de desanimarse ni perder la esperanza. El reto lo merece.