Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Imagino a los partidos enfrascados en la elaboración de sus listas. Algo que, al menos por lo que respecta a la aptitud de los candidatos no plantea grandes dificultades, pues para ser elegible al Parlamento Foral basta con ser español y mayor de edad. Nada más. Sorprende que pertenecer al selecto club de los cincuenta hombres y mujeres encargados de aprobar las leyes que rigen nuestras vidas y haciendas no requiera la más mínima cualificación. Que, consecuentemente, sea posible acceder al órgano legislativo, incluso presidirlo, sin saber hacer la O con un canuto. Lo hemos visto.

Ello no parece justo cuando para trabajar tanto en el sector privado como en el público -cobrando por lo general bastante menos que los parlamentarios- hemos de acreditar nuestra valía. Si quieren despachar chorizo en la charcutería de la esquina deberán sacarse el carnet de manipulador de alimentos. Para ser mozo de almacén, el de carretillero. Conforme la tarea se complica, mayores son las exigencias. Hay procesos selectivos que se prolongan meses. Quien ambicione ser funcionario deberá esforzarse en aprobar una oposición. Y las hay complicadas. La última deEnfermería, con 112 inscritos por plaza. La de dietista, que en 2017 suspendieron los 166 aspirantes que se presentaron y en 2018 aprobó tan sólo uno entre 151. O la de bombero, cuyos examinadores tienen un punto de sádicos, pues para apagar un incendio no creo necesario saber, por ejemplo, qué año se creó la denominación de origen del vino de Navarra. A la vista de la dificultad de la prueba no parece exagerado concluir que cualquier parque de bomberos atesora -además de mejores cuerpos- más talento que nuestro Parlamento, convertido en un circo donde personajes de tercera regional se pelean en el barro.

No propongo sustituir la democracia, el gobierno del pueblo, por la aristocracia, el gobierno de los mejores, pero sí evitar la ineptocracia, lo cual pasa por demandar algún mérito a quienes se postulan para tan importante cometido. Y en este país tan aquejado de titulitis, no me refiero precisamente a grados, doctorados o másteres que, como hemos visto, los carga el diablo. Yo abriría la puerta de la Cámara a triunfadores. Gente curtida que venga a enseñar en lugar de a aprender. Gestores experimentados en resolver problemas. Emprendedores que sepan lo que cuesta levantar cada mañana la persiana de un negocio y pagar las nóminas a fin de mes. Aspirantes viajados que superen localismos y adivinen hacia dónde va este mundo tan cambiante. Políticos de luces largas. Líderes dotados de inteligencia contextual que sepan afrontar con templanza los retos, sin enardecer peligrosamente a las masas. Individuos con acusada sensibilidad social. Ciudadanos que no persigan su propio beneficio o el de su partido, sino el bien común. Personas empáticas y dialogantes, dispuestas a aceptar propuestas ajenas si son buenas. Servidores honrados, por favor. Y, ya puestos, educados.

Me sobran, en cambio, pelmazos sin otra obsesión que la de ciriquiar con el agotador raca-raca identitario del ‘quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos’. Elementos excesivamente dogmáticos. Populistas. Demagogos. Soberbios. Miembros de formaciones instaladas en una permanente bronca interna que les impide ocuparse de sus votantes. Mediocres para quienes la política se reduce a escribir un tuit. Burócratas cuyo único mérito es haber militado en un partido desde que les salieron los dientes y que no tienen donde caerse muertos fuera de él.

Candidatas que ignoran cómo es la bandera del territorio que aspiran a presidir. Pero, por encima de todos ellos, me sobran ocho siniestros parlamentarios que todavía hoy, por increíble que parezca, son incapaces de reconocer que matar para alcanzar objetivos políticos estuvo mal. Y quienes se contaminan pactando con ellos, claro.