Quiero hablar del atropello de los derechos de un colectivo especialmente vulnerable, el de las personas con diagnósticos de trastorno mental, que ocurre a diario en el sistema de salud navarro.

Se puede empezar explicando que la mayoría de los ingresos involuntarios empiezan cuando la policía acude a buscar a una persona, sin que medie una denuncia o exista y se muestre la orden de un juez, para llevarla a urgencias e ingresarla en un centro psiquiátrico. Una vez que ha ingresado, en la práctica, a la persona le resulta imposible una defensa jurídica y se la coloca en una situación de desamparo e indefensión, mayor que si hubiera cometido un delito.

En el centro psiquiátrico se la obliga a medicarse básicamente como una medida de contención, sin que se le informe de las secuelas que producen esos psicofármacos, como diabetes, problemas cardiacos, colesterol, obesidad, entre muchos otras. Después le siguen obligando a recibir tratamiento ambulatorio con psicofármacos, a muchos mediante inyecciones cada tres o cuatro semanas, sin su consentimiento y usando la coerción para imponer esa mala praxis médica. Las personas entonces se suelen encontrar atrapadas en un estado de indefensión ante la sanidad pública y ante la sociedad, y cuando se hace visible este conflicto, siempre llevan las de perder, ya que el diagnóstico pesa más que los hechos o las palabras del paciente.

Los derechos universales de las personas asumen claramente que nadie estará obligado a medicarse en contra de su voluntad, y a nadie se le puede privar de su libertad sin un juicio justo, y además las leyes recogen todos deben ser informados de los tratamientos y tener la posibilidad de elegirlos. Todo esto se incumple de forma constante cuando la persona tiene un diagnóstico de trastorno mental.

Es totalmente necesario que alguien asuma la tarea de velar por los derechos de los pacientes ante salud mental y el servicio navarro de salud ya que son vulnerados de forma continua y en muchas personas.

Ángel Aldaya Pérez