Con Osasuna he estado, estoy y estaré pero, lo digo a las claras, estoy en total desacuerdo con la política deportiva que desde 2016, particularmente con la cantera, vienen llevando a cabo los dirigentes del club. Y, todavía más, la que hacen o dejan hacer con esa parte de la cantera formada por siete u ocho jugadores que, perfectamente, podrían y deberían jugar todos los partidos de titulares en el primer equipo y, por qué no, ascendernos a Primera -como, conducidos magistralmente por Martín Monreal (¡casualidad, otro navarro!), lo hicieron en aquella temporada 2015-2016. Pero, ello es una cosa, y espero haya quedado clara para quienes me siguen y oyen declaraciones mías “manipuladas”, y otra muy distinta que yo, como socio y compromisario, esté frente al proyecto de presupuestos presentado por la Junta Directiva. No lo estoy, voté ya a favor en la anterior Asamblea de Compromisarios (pese a mantener discrepancias públicas con el Director General, Fran Canal, sobre otras cuestiones) y, nadie lo dude, volveré a dar mi aprobación al Proyecto en la Asamblea. En cuanto a la reforma del estadio y, aun respetando y mucho lo afirmado sobre ella por Luis Sabalza y Fran Canal y en este mismo Diario por Joaquín Canalejo, Presidente de la Comisión de Control Económico del Club, diciendo que “la reforma integral es un paso adelante” mientras la “básica es un paso atrás...”, mantengo mi opinión contraria a que se acometa reforma alguna. Y lo digo en tanto el propietario del estadio, que es el Gobierno de Navarra, no asuma como tal, como hace cualquier propietario de cualquier instalación o inmueble, su responsabilidad total o parcial económico-financiera sobre la misma. Sin que desde luego sirva el argumento de que como el estadio sigue careciendo hasta de licencia de apertura los socios de Osasuna, para evitar su cierre, como se deja entrever, debemos asumir el coste total de la reforma. No. Y lo que no se entiende es que si el estadio está sin esa licencia, el organismo responsable encargado de velar porque la tenga, el Ayuntamiento de Pamplona haya consentido hasta la fecha y siga consintiendo al Gobierno de Navarra, único propietario de la instalación desde 2014, mantener la actividad que mantiene sin licencia. ¿Habrá pensado alguien lo que podría ocurrir en caso de tragedia?

Por todo ello, menos cuentos Caperucita y, al señor Sabalza y a su Junta, que hagan las cuentas que correspondan con el propietario de El Sadar (y propietario a su vez de las instalaciones de Tajonar), y a conseguir que los partidos que lo sustentan acepten pagar en la reforma lo que les corresponda. Como los mismos partidos, con enormes cantidades, lo aceptaron cuando en Euskadi se construyó el nuevo San Mamés, cuando se construyó y reformó Anoeta y cuando se reformó Mendizorroza. Estos dos últimos, por cierto, también de propiedad pública, en su caso municipal.