O sea, pleno ejercicio de dicho derecho para todos los ciudadanos, ellas y ellos.       La Constitución Española de 1978, que dentro de un mes largo cumplirá cuatro décadas, cuatro, con apenas unos pocos retoques, reconoce y protege la susodicha libertad en la letra a) del punto 1 del artículo 20, con los límites que impone el punto 4 de dicho artículo: “el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.      En la Cámara Baja se va a tramitar una propuesta del grupo de Unidos Podemos a fin de despenalizar las presuntas injurias al rey y las ofensas a la religión (sea esta la que sea, sin especificar; eso es, al menos, lo que ha trascendido).      Si tengo en cuenta la sentencia del caso Richard Handyside contra el Reino Unido de la Gran Bretaña, más conocido como el de “el pequeño libro rojo”, de 7 de diciembre de 1976, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto, el párrafo segundo de su punto 49, donde se lee que: “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2, es válido no solo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una 'sociedad democrática'”, el cambio, sugerido por Unidos Podemos, amén de ser oportuno o pertinente, es deseable, aunque a dicha muda se opusieran los diputados de PP y Ciudadanos.    (Continúa.)