En los últimos días, nacionalistas catalanes y vascos han logrado dos éxitos nada desdeñables. Desde Estrasburgo, el abogado de los catalanes que más odian a España ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -magistrado español incluido- sentencie que la quema de la imagen del Rey de España en plaza pública entre pancartas de “muerte al Borbón”, lejos de incitar al odio, está amparada por la libertad de expresión. La sentencia, tan parcial como dolosa, dice que “no se trata de un ataque personal contra el Rey de España, sino contra lo que representa como jefe y símbolo del Estado y de las fuerzas que han ocupado Cataluña”. ¡Nada menos! Su acatamiento invalida las leyes españolas que, como en otros países, protegen los símbolos nacionales, precisamente lo que nuestro Rey representa. Ya no habrá aquelarre secesionista en el que no se prenda la imagen del Rey previamente distribuida entre los asistentes. Me pregunto si ese tribunal admitiría que ardan sus miembros “en efigie”, como suma expresión de libertad y sin odio alguno hacia sus ilustrísimas personas. En el interior, la iniciativa que el PNV impulsó en 2015 para derogar la prisión permanente revisable y congraciarse así con los defensores de los asesinos de ETA -los presos y los que puedan serlo por los numerosos casos sin resolver- ha propiciado ahora un debate rastrero y partidista donde los haya. Así, tirando la piedra y escondiendo la mano, el nacionalismo vasco ha logrado que prospere su afán dejando en evidencia, todavía más, a la clase política española. Hoy, ante la pertinaz “matraca” nacionalista, el Estado español ha retrocedido.