El día 12 de noviembre de 2025, nuestro padre presentó en domicilio un dolor en el pecho. Dados sus antecedentes, se dio aviso al 112 y un equipo sanitario acudió a valorarlo. La médico decidió su derivación a un servicio de urgencias al considerar que podría tratarse de un evento isquémico grave. Solicitamos que se le enviara al centro sanitario que corresponde a su seguro de salud, donde ya ha sido sometido a varias intervenciones de corazón. Afortunadamente, el proceso quedó en nada importante, y la atención recibida, tanto por el equipo que le trasladó en ambulancia, como el de urgencias, fue amable y profesional. Hasta ahí la parte feliz de la historia.

Hace unos años, a raíz de la demora diagnóstica de un problema de salud grave a causa de las listas de espera, nuestros padres decidieron dedicar una parte de sus ahorros a suscribir un seguro privado de hospitalización. Es su decisión que, como la de otras personas, en alguna medida alivia la sobrecarga asistencial del sistema público. Nuestro padre ha cotizado a la seguridad social durante más de 42 años y tiene derecho a asistencia en el sistema público, del que siempre ha hecho uso responsable y en contadas ocasiones. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, el 29 de enero de este año, el SNS le requirió 945,22 euros por el traslado en ambulancia de aquel día. El recurso de alzada que presentamos argumentando nuestro desacuerdo ha sido denegado por el Consejero de Salud. Lo sucedido da pie a varias preguntas. Una persona con toda una vida aportando al sistema público de salud, en caso de urgencia, ¿tiene derecho a un transporte sanitario gratuito? ¿Es un pecado en esta tierra suscribir un seguro de salud? ¿Tiene algún sentido estar toda la vida aportando al sistema para que luego no cubra un traslado urgente, aunque no sea un hospital público?

Nuestros políticos se llenan la boca hablando de la sanidad universal, del derecho de todas las personas a recibir atención sanitaria gratuita. Se ve que nuestro padre, a pesar haber trabajado toda su vida y cotizado el tiempo máximo en esta tierra, no lo tiene. Esos 945, 22 euros los embargarán de su pensión. Ahora, la única opción que nos queda ante lo que consideramos un atropello son los tribunales, tan colapsados como los servicios sanitarios, o esa valoración de dependencia que seguimos esperando. No pedimos más derechos, sólo los mismos que otros, y un poco de justicia.